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Se abre la veda para que dos nuevos capítulos del Estatuto jurídico-político de Euskadi se empiecen a discutir. Los cinco juristas designados por los partidos para redactar el articulado del nuevo estatus van a empezar a elaborar otros dos apartados más cuando acabe ... el verano. Es decir, en septiembre. Uno de ellos, el de Competencias, recoge uno de los asuntos más farragosos y que se presenta más polémico: el derecho a decidir.
Según desveló ayer el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, los expertos van a dar pasos tangibles en el desarrollo del nuevo estatus una vez acabe el periodo estival, centrándose en dos nuevos puntos. Se trata de la tercera y cuarta base de las ocho que recoge el escrito que pactaron el PNV y EH Bildu. El que se refiere a los Poderes -en el que se estima que el Consejo General Judicial Vasco sería el órgano de gobierno de los jueces y que la Ertzaintza sería la Policía judicial «a todos los efectos»- y el de Competencias, que defiende el autogobierno vasco y recoge, además de una relación «bilateral, de igual a igual, de respeto y reconocimiento mutuo y de naturaleza confederal» con el Estado, la capacidad para regular consultas y referéndums.
A pesar de que ayer Erkoreka se mostró confiado en que los expertos encargados de redactar el borrador del nuevo estatus alcancen un acuerdo «bastante consensuado», no parece que todo vaya a ser un camino de rosas. El derecho a decidir es, precisamente, uno de los asuntos que más suspicacias ha generado entre los partidos constitucionalistas, es decir, PSE, Podemos y PP. De hecho, es probable que los juristas que representan a estas formaciones interpreten que regular consultas y referendos supera la legalidad al rebasar el margen constitucional de la Carta Magna.
Los únicos dos apartados en los que los cinco juristas han logrado tejer acuerdos es el que recoge los derechos sociales de la ciudadanía y el que describe las relaciones con organismos internacionales como la Unión Europea. También se ha encauzado un debate sobre el quinto punto, el del Régimen Económico, Financiero y Tributario-Fiscal, pero con desavenencias.
De momento, Mikel Legarda (PNV), Iñigo Urrutia (EH Bildu), Arantxa Elizondo (Elkarrekin Podemos), Alberto López Basaguren (PSE) y Jaime Ignacio del Burgo (PP), han podido estirar el plazo para llegar a un consenso hasta el 30 de noviembre, es decir, cinco meses más de lo que en principio estaba estimado.
Un periodo de tiempo para seguir trabajando en la redacción de un nuevo estatus que, según Erkoreka, será determinante para que los cinco expertos ofrezcan «avances sustanciales». En este sentido, confió en que de la comisión de expertos salga «un importante trabajo» y que, posteriormente, el Parlamento Vasco «será capaz de aprovechar, canalizar y elaborar acuerdos políticos en torno a todo el trabajo realizado».
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