Familiares de víctimas de los GAL denunciarán a Barrionuevo por un delito de lesa humanidad

Las víctimas del GAL Edurne Brouard y Bego Galdeano, acompañadas de los abogados Óscar Sánchez y Maddi Bilbao, y del coordinador del Observatorio de Derechos Humanos Behatokia, GEBehatokia, Agus Hernan, con el respaldo de la Fundación Egiari Zor, han dado a conocer los detalles sobre la querella que presentarán la próxima semana contra Barrionuevo, «como responsable del Plan ZEN (Zona Especial Norte) del Gobierno de España, diseñado en la década de los 80 con el fin de combatir a ETA».

Los abogados Óscar Sánchez y Maddi Bilbao ha explicado que presentan la querella en representación de 18 personas víctimas directas o familiares de éstas, entre ellas los asesinados por el GAL Ramón Oñederra, Mikel Goikoetxea, Joxean Lasa, Fernando Egileor, Dionisio Aizpurua o Juan Carlos García Goena, además de Santi Brouard y Xabier Galdeano.

Además, han asegurado que tienen «pruebas muy sólidas» y han indicado que su objetivo es promover la investigación de las «graves violaciones de derechos humanos de muchas personas» que se produjeron cuando Barrionuevo estaba al frente del Ministerio del Interior.

Según han indicado, en el marco del Plan ZEN, «en cuya ejecución se creó el GAL», se produjeron «ataques graves a la integridad y seguridad, con 17 personas con condición de refugiadas asesinadas y 10 más civiles de nacionalidad francesa», además de «la entrega irregular por parte de la policía francesa a la española de 176 refugiados vascos sin respetar la normativa vigente» y la «deportación de 74 personas a distintos estados de América y África en aviones militares tras ser detenidas».

«Analizando tanto la legislación internacional, y también lo regulado por el Código Penal español, tenemos claro que todos estos hechos descritos en esta querella se enmarcan en un delito de lesa humanidad, que no ha prescrito», han mantenido, para asegurar que agotarán todas las instancias judiciales, sin descartar llegar a la vía internacional.

Por su parte, el coordinador de GEBehatokia, Agus Hernan, que ha destacado que tanto la legislación internacional en la materia como la propia Ley de Memoria Democrática 20/2022 establecen que «los hechos de lesa humanidad tienen la consideración de imprescriptibles», ha recordado que el Pan ZEN fue «una estrategia integral contrairsungente puesta en marcha por el Gobierno español y que se aplicó contra una parte de la sociedad, que se vinculó de fomar amplia y genérica con la izquierda abertzale».

Concretamente, ha remarcado, en esta querella señalan cómo afectó «de manera específica al colectivo de personas refugiadas asentado en Iparralde, constituido por personas que, huyendo de detenciones, tortura o guerra sucia, contaba en muchos casos con estatuto de refugiado».

Hernan ha recordado que en 1998 el Tribunal Supremo declaró a José Barrionuevo «culpable de diversos delitos como responsable de la 'guerra sucia contra ETA' practicada por los GAL», pero, según ha denunciado, «solo pasó tres meses en prisión, al recibir un indulto parcial». «Es evidente que nunca ha sido investigado ni juzgado por toda la extensión de su actuación», ha advertido.

Edurne Brouard y Bego Galdeano han recordado que en noviembre de 2022, Barrionuevo «asumió de manera inequívoca responsabilidades delictivas por las que nunca ha sido juzgado, reconociendo lo que llevamos denunciando décadas, que el Estado, a través del Gobierno de Felipe González, utilizó el terrorismo y otras fuerzas represivas al margen de la legalidad, vulnerando los derechos humanos de muchas personas en este país».

Tras considerar que sobre esta cuestión «debió actuar de oficio» la Fiscalía, «pero no lo hizo», han reprochado que la justicia «hasta el día de hoy no ha hecho gran cosa para llegar a la verdad de todos estos hechos, ni para señalar a sus responsables, ni para establecer los niveles de responsabilidad», sino «más bien todo lo contrario».

También ha recordado que cuando se publicó la entrevista a Barrionuevo, el entonces lehendakari Iñigo Urkullu les ofreció públicamente asistencia económica si decidían iniciar la vía judicial, pero, según han precisado, «el primer paso pasaba por realizar una valoración jurídica de la situación y de las posibilidades reales de abrir un proceso contra Barrionuevo».

En ese sentido, han destacado que «el impulso de Giza Eskubideen Behatokia» que les ha llevado a «este escenario» y adelantado que intentarán hablar con el Gobierno de Imanol Pradales sobre el ofrecimiento de Urkullu para ver si «nos van ayudar a recorrer este camino y ver qué compromisos están dispuestos a asumir».