efe
Viernes, 9 de octubre 2020, 15:32
La fiscal Carmen Monfort se ha dirigido este viernes en un juicio celebrado en la Audiencia Nacional al histórico expreso etarra José Antonio López Ruiz, 'Kubati', diciéndole que «el dolor de las víctimas de ETA no se olvidará jamás».
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Así le ha ... contestado a Kubati, que este jueves reconoció «el dolor muy grande» de las víctimas de la banda terrorista, se ofreció a aclarar todo «porque estamos en otra fase» -al haber cesado ETA su actividad- y aseguró que se siente «en paz» consigo mismo pero negó que participara en el atentado contra el cuartel de Aretxabaleta en el que dos guardias civiles murieron.
La Audiencia Nacional ha dejado este viernes visto para sentencia el juicio de 'Kubati' y del expreso de ETA arrepentido José Miguel Latasa Guetaria, 'Fermín', para los que la fiscal ha mantenido su petición de 66 años de prisión por el atentado cometido en la madrugada del 26 de julio de 1986 contra el cuartel de Aretxabaleta.
En su turno de última palabra Latasa se ha dirigido a los familiares de las víctimas para decirles que, aunque él niega que participara en este atentado, por el hecho de haber pertenecido a ETA les pide perdón, y ha recordado que la banda le expulsó por colaborar con el Gobierno español y que ha declarado en todos los juicios desde 1994.
Por su parte 'Kubati' ha instado a los magistrados a que lean un libro del general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo del que, según ha manifestado, se desprende que ellos no fueron los que cometieron el atentado de Aretxabaleta.
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La fiscal ha explicado que este juicio trata de esclarecer una de las más de trescientas acciones de ETA que están sin resolver «por lo menos para llegar a encontrar alguna verdad material que diera una satisfacción a las víctimas». «Ciertamente es un alivio que ETA haya dejado de emplear ese sistema de asesinar y aterrorizar a la gente solo para conseguir sus objetivos pero si a 'Kubati' y a 'Fermín' los años que han estado en la cárcel les ha servido para cambiar la idea pues nos alegramos muchísimo», ha añadido.
Pero ha pedido a la Sala que tenga en cuenta a la hora de dictar sentencia «que aquí hoy están los familiares de los dos muertos y a ellos sí que les cambió la vida». «Yo no sé si eso se perdona pero sí les digo, por los contactos que tengo con las víctimas, que eso no se olvida. Ese dolor no se olvidará jamás», ha recalcado la fiscal.
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Y ha concluido diciendo: «En consecuencia ni las dilaciones -que alega la defensa-, ni las circunstancias, ni el hecho de que ahora ETA ya no mate justifican una disminución de la pena que solicita la Fiscalía».
A la petición de condenas para ambos acusados se han sumado las acusaciones ejercidas por uno de los guardias civiles fallecidos, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), que ha estado representado en la vista por el abogado Rubén Múgica, hijo del dirigente socialista asesinado por ETA Fernando Múgica.
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El abogado de la AVT, Antonio Guerrero, ha dicho que «si 'Kubati' si reconoce el dolor de las víctimas en vez de declarar a todas las partes lo que podía hacer es colaborar para resolver todos los atentados que están pendientes».
El letrado de Covite ha comentado que «López Ruiz esparció esa moralina de que todos tenemos nuestra vida, todos miramos nuestro pasado y todos juzgamos nuestros hechos y dijo de sí mismo: yo me siento en paz». «Habrá que concluir que si el asesino en serie se siente en paz los que no hemos matado nunca creo que tenemos derecho a levitar», ha añadido.
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La fiscal ha relatado que los terroristas prepararon en un monte cercano al cuartel de Aretxabaleta unos tubos lanzagranadas que se activaron sobre las siete menos veinte de la madrugada del 26 de julio de 1986 y que colocaron dos artefactos al lado para que explosionaran al llegar al lugar los guardias civiles, dos de los cuales fallecieron al pisar una mina enterrada.
'Kubati' está en libertad desde 2013 tras cumplir 26 años de cárcel por 13 asesinatos, entre ellos el de la dirigente etarra arrepentida Dolores González, Yoyes, en 1986, por el que también fue condenado Latasa Guetaria. Este último repudió públicamente la violencia, lo que motivó que fuera acusado de traidor por la banda, que incluso planeó asesinarlo y lo expulsó en 1994. Posteriormente se le incluyó en la llamada «vía Nanclares», hasta su excarcelación en 2013.
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La Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ofrece una recompensa de 1.000 euros a quien ofrezca alguna información sobre el paradero de etarras huidos de la Justicia.
Así lo han anunciado sus responsables en la presentación este viernes de una campaña, en coincidencia con el 20 aniversario del atentado que costó la vida a Luis Portero, fiscal jefe de Andalucía y padre de los promotores de la asociación DyJ.
Según Víctor Valentín, vicepresidente y secretario de la asociación, se ha habilitado un correo electrónico para hacer llegar de manera inmediata información que permita detener a los etarras huidos, lo que puede contribuir a resolver los 378 crímenes de la organización terrorista aún si esclarecer.
Aunque este método de recompensa no es muy común en España y en Europa, sí lo es en Latinoamérica, ha señalado Valentín, quien ha recordado que, precisamente, Cuba y Venezuela son territorios en los que ahora se encuentran estos terroristas.
Daniel Portero, hijo del fiscal asesinado y presidente de la asociación, ha dejado claro que lo que «se pretende es ayudar a quienes colaboren en su detención, porque la impunidad de los asesinos de ETA no puede seguir existiendo», ya que «pasan los años y los delitos prescriben». «No tenemos más tiempo», ha zanjado.
Por otro lado, Portero ha explicado a EFE que ningún partido político apoya este proyecto, pero «se agradecen las adhesiones de todo el que quiera participar» en un solo objetivo: que las 378 familias de las víctimas algún día puedan recibir «esa justicia que tanto se reclama».
Dignidad y Justicia ha habilitado una cuenta bancaria para recibir donaciones, y, en el caso de no contar con ellas, Valentín ha apuntado que cuentan con unos fondos propios para pagar a los ciudadanos esa recompensa.
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