La Fiscalía pide archivar la querella de Begoña Gómez contra el juez que la investiga

Y ello, porque la base de esa acusación según la querellante (que Peinado no estaba respondiendo en tiempo y forma a los recursos de la imputada) no es cierta a la vista de las últimas actuaciones en las que el instructor, aunque «no con la inmediatez que sería deseable», ha «resuelto» esas apelaciones «por lo que las actuaciones que aquí se denuncian ya han obtenido u obtendrán respuesta a través de los recursos establecidos en la Ley. «Los demás indicios a los que se refiere la querella (buscar un impacto político y social o un desmedido afán de protagonismo) son meras apreciaciones subjetivas de parte interesada huérfanas de apoyo fáctico concreto», zanja la Fiscalía.

El Ministerio Público -que no obstante a separarse por primera vez de las tesis de Gómez insiste en la «inusual forma de llevar la instrucción por el magistrado»- pide al Superior de Madrid el archivo de la querella tras un fuerte desencuentro con la Sala de lo Civil y Penal de este tribunal a cuenta de este caso. Y es que los magistrados denegaron el pasado 1 de octubre la petición de la Fiscalía de tener acceso a la totalidad de las diligencias previas por tráfico de influencias y corrupción en los negocios del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, ya que la acusación era por prevaricación 'continuada', o sea extendida en el tiempo. La sala, sin embargo, entendió que era excesivo enviar los ocho tomos de la causa para su revisión por la Fiscalía, ya que suponía «incorporar elementos que no han sido citados en la querella ni tan siquiera como antecedente de los delitos imputados». E incluso los magistrados dijeron que no estaba dispuestos a «suplir» un trabajo que debería haber hecho el abogado de Gómez.

«En las muy contadas ocasiones en que esta Fiscalía ha solicitado a este tribunal acudir al mencionado precepto (el de tener acceso a todas las diligencias), nunca antes se había denegado», denuncia la acusación pública, que recuerda que «incluso la propia sala de oficio ha ordenado recabar testimonios íntegros de las actuaciones cuando lo ha considerado oportuno para adoptar la decisión de admisión».

En su escrito registrado el pasado 2 de agosto, Gómez y Camacho acusaban a Peinado de poner en marcha una investigación «perversa», «prospectiva» y «rocambolesca». Una suerte de «causa general» contra la imputada, que es investigada desde el pasado abril por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

En su demanda, la esposa del jefe del Ejecutivo denunciaba la forma «inusual y errática» de la que está haciendo gala el magistrado para investigar «toda la vida» de la imputada. Y es que el juez -argumentaba Camacho el pasado agosto- ha dictado resoluciones «manifiestamente injustas, injustificadas y sin amparo legal». Y todo ello -llegaba a asegurar la defensa de Gómez- con un ánimo espurio como sería «buscar un impacto político y social» o por un «desmedido afán de protagonismo mediático» del propio instructor.

Esta querella que ahora pide archivar la Fiscalía es la tercera registrada contra el juez Peinado por la instrucción del 'caso Begoña Gómez'. La primera, presentada en mayo por el periodista Máximo Pradera en mayo, fue directamente inadmitida a trámite el pasado viernes por el TSJM. En ese escrito se acusaba al instructor de un presunto delito de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y otro delito de revelación de secretos de particular por funcionario público. El denunciante daba a entender que había sido el juez quien había filtrado un auto de este procedimiento (entonces secreto en su totalidad) a uno de los abogados de la causa, que luego éste publicó en redes sociales.

La segunda fue la del propio Pedro Sánchez pidiendo la inhabilitación del titular del Juzgado de Instrucción 41, presentada a finales de julio a través de los servicios de la Abogacía del Estado. Aquella demanda fue por prevaricación simple (no continuada), por un hecho concreto: impedir a Sánchez declarar por escrito como testigo en este caso, tal y como le permitiría la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el caso de la demanda presentada por el presidente del Gobierno la Fiscalía sí que informó el pasado 11 de septiembre a favor de tramitar la querella, que es la única que queda viva contra Peinado en estos momentos.