La gestión económica de la Seguridad Social, la transferencia estrella

El acuerdo entre el PSOE y el PNV que permitió la investidura de Pedro Sánchez obliga al Ejecutivo a trabajar de inmediato en el traspaso de más de una veintena competencias en dos años, entre ellas el régimen económico de la Seguridad Social. Se trata de una transferencia que se hará de rogar porque a su dificultad técnica se une otra más complicada de superar, la polémica política que a buen seguro provocará. Y es que si bien solo se reclama la gestión del régimen económico, desde algunos partidos y comunidades autónomas ya se está alertando de que es el primer paso para que se rompa la 'caja única'.

El PNV señala que solo se reclama lo que se recoge en la Disposición Transitoria Quinta del Estatuto, la «subrogación» de la tesorería de la Seguridad Social «dentro del carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad». Es decir, Euskadi ingresaría, gestionaría y pagaría las prestaciones, por ejemplo, las jubilaciones. También se haría cargo de trámites como las altas o bajas de las empresas o de la potestad inspectora o sancionadora.

La titularidad del organismo, sin embargo, seguiría siendo estatal y en sus manos quedaría la capacidad normativa y decisoria, como es el caso del establecimiento de la cuantía de las pensiones.

El traspaso sí conllevaría incorporar el personal que hoy trabaja como empleado público en los distintos organismos estatales desde los que se realizan esas tareas, como el Instituto Nacional de la Seguridad Social, parte de la Tesorería o el Instituto Social de la Marina. Según datos del Portal de Transparencia del Gobierno, el traspaso, a nivel laboral, afectaría en toda Euskadi a 1.598 empleados públicos. En el caso de Gipuzkoa, los involucrados serían 456 en total.

Por lo que respecta a las tres transferencias que para marzo deben ser asumidas por Euskadi, la de Cercanías es la más avanzada. En el caso de la convalidación de títulos extranjeros, este trasvase permitirá que se pueda contratar a médicos extracomunitarios. La competencia de migración se ha reclamado tras la controversia surgida por la apertura de un centro estatal en la antigua clínica Arana de Vitoria.

Otros dos acuerdos se refieren a la Ertzaintza y a los convenios laborales. En el primer caso, la policía autonómica ampliará sus competencias en puertos y medio ambiente. En el segundo, se ha pactado que puedan prevalecer los convenios autonómicos.