El Gobierno central homologará de oficio los 200 expedientes en el limbo de los títulos extranjeros

De momento, el Gobierno de Imanol Pradales ha puesto en marcha todos los mecanismos a su disposición para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de salvar esta transferencia y, de inicio, dar salida a las 200 peticiones de homologaciones que, tras esta sentencia, han quedado en el limbo y sin resolver. Y es que el fallo del Supremo ha paralizado los expedientes iniciados por 200 personas que tuvieron ocasión de solicitar la convalidación en el periodo que estuvo disponible esa posibilidad, aproximadamente 15 días desde que se abrió el procedimiento hasta que fue suspendido cautelarmente en julio del año pasado. Y, al menos a corto plazo, habrá una solución inmediata, ya que el Gobierno central se ha comprometido a homologar de oficio estos dos centenares de expedientes, sin que estas personas tengan que volver a empezar de cero toda la tramitación burocrática.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha manifestado su plena voluntad para que Euskadi asuma en su integridad la competencia pactada. De hecho, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, aseguró ayer desde su escaño en el Congreso que «estamos intentando arreglar» esta cuestión. De momento, el martes mismo hubo una reunión bilateral entre ambos gobiernos para abordar el «trasfondo jurídico y político» de la citada sentencia y sus consecuencias. Y la ministra volvió ayer ha mostrar la «voluntad plena» del Ejecutivo central para que el traspaso se haga efectivo cuanto antes.

De momento, y a la espera de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, la ministra se comprometió a dar solución a los primeros expedientes que ya se habían iniciado a través del Gobierno Vasco. Por ello, el Ejecutivo central homologará de «oficio» los 200 expedientes y así, según dijo Morant, «con ese trabajo constructivo entre instituciones podamos traspasar los expedientes directamente al ministerio y que simplemente con una ratificación de los solicitantes pueda tramitarlos el Gobierno de España y el Ministerio de Ciencia», explicó.

Morant respondió así en la sesión de control al Gobierno a una pregunta de EH Bildu. La diputada Marije Fullaondo interpeló a la ministra para conocer de primera mano qué medidas tomará para solucionar la suspensión de la transferencia de homologación de títulos universitarios extranjeros. Un fallo del Supremo que, según denunció la dirigente de la coalición soberanista, «pone en tela de juicio nuestras competencias y autogobierno» y, además, «vulnera el derecho de cientos de personas a ejercer su profesión, una profesión para la que están perfectamente cualificadas». De hecho, recordó que estas personas pueden cubrir necesidades profesionales ante el déficit que existe en Euskadi en algunos servicios públicos, como en Osakidetza. De ahí que solicitase una respuesta «inmediata y transitoria» para todo estos solicitantes. Además, y con el fin de lograr el traspaso definitivo de la materia, Fullaondo propuso reformar el artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) para «atribuir expresamente la competencia de ejecución de los procesos de homologación a las Comunidades Autónomas que así lo soliciten».

La ministra, en todo caso, se mostró «completamente comprometida con todas aquellas personas que han llegado a nuestro país y que quieren trabajar en nuestro país». «Para nosotros la inmigración nos enriquece y quiero que quede claro mi compromiso con los homologantes», concluyó Morant.