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El lehendakari dio este jueves más pistas de la propuesta de «nuevo modelo de Estado» que expuso tras el consejo del Gobierno Vasco celebrado el martes en el Palacio Miramar de San Sebastián y afinó que lo que plantea es un pacto territorial para reinterpretar ... la Constitución. Iñigo Urkullu se dio un año de plazo para trabajar por un nuevo acuerdo en el marco de la Carta Magna, sin modificarla, que ayude a resolver las controversias sobre el modelo territorial. El Gobierno de Pedro Sánchez en funciones consideró «legítima» la propuesta porque busca «puntos de equilibrio» y de «acuerdo entre diferentes, dentro del marco constitucional», pero dejó claro que «no es la nuestra».
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Hay que remontarse a marzo de 2018 para recordar la apuesta que ya formuló Iñigo Urkullu ante la plana mayor de las grandes compañías españolas a las que habló entonces de la potencialidad de una relación bilateral entre Euskadi y España. Se refirió por primera vez a la creación de una «convención constitucional» –la reinterpretación de la Carta Magna, pero sin reformarla– para avanzar a futuro a la hora de abordar las «controversias constitucionales» en relación a la soberanía y la convivencia, y mediante los procedimientos de «la democracia y el derecho». Tres meses después, aprovechó una reunión con Sánchez en la Moncloa para presentar al Gobierno español su planteamiento destinado a ofrecer una solución a lo que entonces denominó «crisis del modelo de Estado». Su planteamiento se basaba en un reconocimiento de la plurinacionalidad «sin ruptura» con el Estado.
Modelo territorial Se ha referido en diversas ocasiones a la «nación foral», la «unión voluntaria», el modelo de «federalización asimétrica» o el «horizonte confederal del Estado».
Plurinacionalidad Defiende el reconocimiento de la realidad plurinacional del Estado, así como el modelo de «bilateralidad efectiva» con garantías de cumplimiento de lo acordado.
Bilateralidad Aclara que las dos partes deben estar de acuerdo y han de actuar con un compromiso de lealtad recíproca. No queremos imponer nada a nadie, tampoco podemos aceptar que, se impida al pueblo vasco manifestar su voluntad.
Precedentes En 1933 se constituyó Galeuzka, una institución de hermandad entre gallegos, vascos y catalanes. Fue una propuesta constructiva, con una visión de futuro para un nuevo modelo de Estado territorial.
Constitución del 78 Lamenta que el cambio anunciado en 1978 se quedó en una descentralización política y administrativa, pero no fue más allá. No se descentralizó el poder judicial, no se quiso hacer del Senado una auténtica Cámara de representación territorial y se diseñó un Tribunal Constitucional como árbitro entre el Estado central y las comunidades. Un tribunal en el que solo tenían representación los tres poderes del Estado central y no tenían representación directa y real las comunidades autónomas.
Convención constitucional Apuesta por firmar un acuerdo preliminar de bases para desarrollar el autogobierno, incluyendo principios como el cumplimiento íntegro de los marcos estatutarios, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, la bilateralidad, el sistema de garantías o la capacidad de decidir pactada...
Objetivos de la convención Propone celebrar la convención en el plazo de un año para analizar «el alcance actual y futuro de la disposición adicional primera de la Constitución», «el autogobierno de las comunidades de raíz foral» o, incluso, «el autogobierno de las nacionalidades históricas».
Interpretación Pide constituir una forma flexible y creativa de plantear una salida a la actual encrucijada política. Una propuesta para pactar una interpretación constitucional específica que, sin necesidad de modificación previa de la Constitución, hiciese posible un avance sustancial en el carácter plurinacional del Estado y en el desarrollo nacional del autogobierno de Euskadi y, en su caso, también de Navarra y el resto de comunidades históricas... Es decir, de aquellas que contaban con un modelo de autogobierno previo a la Constitución de 1978. Una convención que podría incluir también otras materias presentes en la agenda de debate político en el Estado.
Urkullu insta ahora a «pactar una interpretación» de la Carta Magna sobre aquello que el texto de 1978 «no ha resuelto bien en relación con la cuestión territorial» y avanzar así «en el carácter plurinacional del Estado y en el desarrollo nacional del autogobierno de Euskadi y, en su caso, también de Navarra y el resto de comunidades históricas». «No sería una fórmula mágica ni un camino expedito, pero podría abrir nuevas posibilidades de desarrollo futuro», remarca en un artículo publicado este jueves en El País.
El lehendakari está convencido de que en la actual coyuntura política tras el 23-J, con la negociación para una posible investidura de Pedro Sánchez –una vez materializado el presumible fracaso al que ya casi todos abocan la opción de Núñez Feijóo–, «abre una nueva oportunidad y puede ser el momento de dar nuevos pasos». Se muestra seguro de que «la experiencia histórica nos marca un modelo factible» porque ha habido capacidad de «pactar bilateralmente con el Estado el Concierto Económico desde 1878 hasta hoy».
La propuesta de Urkullu responde a dos preguntas: «¿Por qué en un Estado sólo puede haber una nación? y ¿por qué el Estado español no puede ser plurinacional, como lo fue en la práctica hasta el siglo XVIII?». En su exposición, contempla un acuerdo preliminar a la convocatoria, incluiría también «la bilateralidad o la capacidad de decidir pactada» y podría, en opinión del lehendakari, constituir «una forma flexible y creativa de plantear una salida a la actual encrucijada política» sin necesidad de modificación previa de la Constitución. Remarca que «nuestra» voluntad sigue siendo el acuerdo y el pacto. «Es obvio que el pacto no se le puede imponer al Estado. En esto consiste la bilateralidad: las dos partes deben estar de acuerdo y han de actuar con un compromiso de lealtad recíproca. No queremos imponer nada a nadie, tampoco podemos aceptar que se impida al pueblo vasco manifestar su voluntad», expuso.
Desde el Gobierno, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, expuso que la propuesta del lehendakari no corresponde con la posición del Gobierno. «Aún no siendo nuestra propuesta, todo lo que suponga aportaciones al debate creo que siempre es positivo», expresó, al tiempo que se mostró partidario de un «debate constructivo» en el que todo el mundo sea consciente de que hay que entenderse «entre diferentes».
La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, defendió que el modelo territorial de España «ya está perfectamente refrendado» en la Constitución. La también ministra de Educación en funciones se mostró abierta a dialogar y a que el próximo Ejecutivo celebre un encuentro con las comunidades para conocer el contenido de la propuesta del lehendakari. Remarcó que el Gobierno «ha demostrado durante esta legislatura una ampliación de las relaciones que tenemos con las comunidades autónomas ensanchando y mejorando esos cauces de cogobernanza».
A la consejera de Presidencia del Govern, Laura Vilagrà (ERC), los planteamientos del lehendakari se le quedaron cortos. «Nuestro marco es otro», expresó contundente mientras la secretaria general de ERC, Marta Rovira, replicó a Iñigo Urkullu que en Catalunya hay «una mayoría social para ir más allá» de su propuesta de reflexión constitucional y que apuesta por la amnistía, la autodeterminación y el progreso social.
En el PP, su coordinador general, Elías Bendodo, advirtió de que su partido puede dialogar con todos, pero tiene «unos límites que nos marca la Constitución y que nunca vamos a superar». Borja Sémper, vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, recordó que estas demandas «no le suenan a algo nuevo» e hizo un llamamiento a la necesidad de «recuperar los principios constitucionales más que reinterpretar la Carta Magna». «Hay tener en cuenta cuál es el proyecto que tenemos de país y hacia dónde queremos mirar», expuso para matizar que lo propuesto por Urkullu supone una diferencia «notable» con respecto a lo que demandan los independentistas catalanes.
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