El Gobierno ralentiza los acercamientos de presos de ETA para evitar desgaste electoral

El Gobierno central está ralentizando los acercamientos de presos de ETA a cárceles próximas a Euskadi para evitar abrir un nuevo frente de desgaste electoral en Madrid. El Ejecutivo central traslada en privado la dificultad de abordar una política de traslados de reclusos más audaz, como la aplicada por ejemplo por Francia, en un momento en el que Pedro Sánchez trata de mantener a flote la legislatura, en un ambiente cada día convulso y frente a los continuos embates de PP y Ciudadanos, según fuentes conocedoras de la situación. En el seno de los presos y de la izquierda abertzale, por su parte, hay una honda decepción con la actitud de los socialistas, más allá de que sí se valore el hecho de que al menos hayan virado la política del anterior Gobierno del PP, contraria a cualquier movimiento, según fuentes independentistas.

De momento, el Ejecutivo socialista ha acercado en cinco meses de mandato a un total de seis internos pertenecientes al colectivo de EPPK. Arrancó en septiembre a un ritmo de dos por mes. Una media totalmente «decepcionante» para el independentismo vasco. Además, no ha habido ningún traslado a la cárcel alavesa de Zaballa, sino que se han limitado a traer a los seis reos a prisiones limítrofes, en algunos casos en Asturias, fuera del radio de 250 kilómetros que planteó en su día el Gobierno Vasco como base. Asimismo, el Ejecutivo central está determinado a atender la petición de las víctimas del terrorismo de intentar esclarecer atentados sin autoría y, en este marco, ha habido un detenido, el expreso Karlos Apeztegia, arrestado en Hernani en octubre.

Desde las filas socialistas, con el delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza, a la cabeza, se repiten los mensajes públicos de que habrá avances y gestos en materia de acercamiento de presos, pero la realidad evidencia que el Gobierno Sánchez ha decidido levantar el pie del acelerador en este asunto, al considerar que electoralmente le puede suponer más desgaste que réditos, en un contexto en el que se plantea adelantar al año que viene los comicios generales. Al marcaje de PP y Ciudadanos, que presionan para que mantenga la dispersión de reclusos y amagan con acusarle de «connivencia con los terroristas», se suma los condicionantes que reclaman los principales colectivos de víctimas de ETA, con Covite y la AVT a la cabeza, que sitúan varias líneas rojas al Gobierno a la hora de proceder a los acercamientos. Ambas asociaciones, que tienen buen feeling con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, han fijado la expresión de un «repudio» claro a la violencia de ETA como requisito a los reos si quieren ser acercados.

El colectivo vasco Covite, con su presidenta Consuelo Ordóñez a la cabeza, no oculta su satisfacción por haber logrado condicionar la política penitenciaria, según considera públicamente. El Gobierno central sí que está siendo especialmente cuidadoso a la hora de tomar en consideración a los damnificados. En este sentido, el gabinete de Sánchez prevé acompasar los pasos para acercar y mejorar la situación de los presos de la disuelta organización a que sean previamente consensuados con las víctimas, según los medios consultados. Grande Marlaska, un perfil que no gusta nada a la izquierda abertzale, se ha comprometido a no hacer nada sin antes informar a las asociaciones de damnificados.

De momento, los acercamientos de presos se han limitado a seis y ninguno de ellos al penal alavés de Zaballa, como reclaman. Se trata de Jesús María Gómez Ezkerro, Jagoba Codo, Kepa Arronategi, Marta Igarriz, Fernando Alonso Abad y Emilio Salaberria. Una media de apenas dos acercamientos al mes, cuando en España hay un total de 230 internos, mientras París ha trasladado cerca de Iparralde a más de la mitad de los encarcelados en Francia. Los únicos traslados a Euskadi, a Basauri, fueron dos internos, los primeros en agosto, aunque en ambos casos desvinculados del EPPK. En todo caso se trata de cifras muy por debajo de las expectativas que manejaban los internos y la propia Sortu, sobre todo cuando fue el Gobierno del PSOE quien tomó la iniciativa de anunciar de inmediato un cambio de política penitenciaria, y cuando la postura del PSE es también la de acabar con la dispersión.

No todo es negativo, no obstante, para los presos. Las Juntas de Tratamiento de algunas prisiones están comenzando ya a mostrar cierta flexibilidad, muy incipiente eso sí, ante las peticiones de reclusos de progresar de grado, en su mayoría rechazadas tanto por Instituciones Penitenciarias -órgano dependiente del Gobierno-, como por la Audiencia Nacional. Varios presos, asimismo, están comenzando a profundizar en el rechazo respecto al pasado de violencia. Uno de los dos últimos acercados suscribió una carta en este sentido, según señaló Prisiones.

En todo caso, el Gobierno del PSOE no prevé alterar estos ritmos durante una legislatura por la que pocos socialistas apuestan que agotará su ciclo hasta 2020. Una eventual reedición del Ejecutivo de Pedro Sánchez, lograda en las urnas con una mayoría más holgada que la que le sostiene actualmente tras la moción de censura, sí podría dar más margen a los socialistas para dar un giro más visible a la actual política de presos. El Gobierno Vasco, por su parte, también espera una mayor audacia del Ejecutivo español, que no parece tener mucho en cuenta el plan de Iñigo Urkullu sobre presos y convivencia que alumbró en Bertiz tras disolverse ETA.