El Gobierno de Urkullu terminará la legislatura batiendo el récord con 38 leyes aprobadas

La actividad del Parlamento Vasco alcanzó velocidad de crucero a la vuelta del verano. Así en noviembre salieron adelante cinco leyes y en diciembre seis, entre ellas la de Educación, Empleo, Subvenciones y Protección de Datos.

En la actualidad quedan solo cuatro normas por recibir el visto bueno. Se trata de las leyes de Infancia y Adolescencia; Cooperación y Solidaridad; Transición Energética; y Transparencia. Se espera que las tres primeras lo logren entre el presente mes y febrero, cuando se retomen los plenos. De momento ya se han constituido las ponencias y designados los titulares y suplentes de cada partido para las citadas comisiones. La única ley que quedaría aparcada por falta de tiempo sería la de Transparencia.

A continuación explicamos brevemente el contenido de estas cuatro normas.

Recogerá desde una «visión progresista» el derecho de los menores a ser escuchados y participar en las decisiones que les afectan. Pondrá el foco en que los niños y los adolescentes son ciudadanos de pleno derecho. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, durante su comparecencia en el Parlamento Vasco el 27 de septiembre para presentar el proyecto de ley explicó que «este enfoque no solo les brinda una voz sino que formaliza su capacidad de influir en su propio destino».

El proyecto legislativo también profundiza en el concepto de «buen trato» ligado al derecho a la vida y a la integridad física con el objetivo de «erradicar cualquier forma de abuso o negligencia» y de proteger contra la violencia a unas personas «especialmente vulnerables».

La futura ley establecerá un nuevo marco jurídico para la política vasca de cooperación y solidaridad con el objetivo de abordar los desafíos globales de manera más eficaz. Para ello, la norma reforzará la trayectoria y el compromiso solidario de Euskadi con los países del Sur.

Esta nueva ley, que sustituirá a la de 2007, pretende avanzar en una política que sea capaz de movilizar más voluntades, recursos y capacidades a favor de los objetivos del desarrollo y la justicia global. Además, quiere favorecer alianzas entre distintos niveles institucionales y sociales.

Para ello, el nuevo texto convoca al conjunto del sector público vasco y al resto de agentes a favor de la política solidaria. De esta manera, la norma avanza en la consolidación de mecanismos de coordinación entre instituciones y de financiación, reforzando el objetivo del 0,7 %. La nueva norma se aplicará, a diferencia de la anterior, a todas las instituciones públicas.

En el caso de la ley de Transición Energética y Cambio Climático, la norma incluye gravámenes para penalizar las actuaciones «que incrementen la vulnerabilidad o las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero». Además, se prevé «incentivar fiscalmente» las actuaciones que reduzcan las emisiones y fomenten las energías renovables.

Las Haciendas forales, en virtud de sus competencias, también podrán establecer mecanismos que favorezcan este tipo de inversiones. Otra novedad es la obligación de que cada empresa, hogar o administración pueda calcular su «huella de carbono», es decir, la contaminación que provoca.

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, defiende que la norma establece por «voluntad propia» un marco jurídico estable para lograr el objetivo de cero emisiones netas en Euskadi «a más tardar en 2050».

La oposición se ha mostrado de manera crítica y coincide en que la norma resulta inconcreta. Así, desde EH Bildu consideran «indispensable» darle un giro total porque el proyecto actual «ni ordena nada ni obliga a nada. Es puro voluntarismo». En términos parecidos se manifiesta Elkarrekin Podemos. El PP también manifiesta su disconformidad y señala que sus enmiendas irán dirigidas a aportar criterios de objetivos y plazos.

El Consejo de Gobierno aprobó en noviembre el proyecto de Ley de Transparencia de Euskadi. La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, mostró su satisfacción por haber podido llegar a elaborar este texto, aunque reconoció que al encontrarse a final de la legislatura «llegará donde llegue». EH Bildu, por su parte, criticó que presentar la ley sin tiempo para aprobarla demuestra el «escaso interés de Lakua por frenar las prácticas irregulares».

La norma busca, entre otras cuestiones, garantizar la transparencia, la participación ciudadana en los asuntos públicos y facilitar la rendición de cuentas. Además, la norma prevé la creación de la Autoridad Vasca de la Transparencia–Gardena– un órgano independiente de garantía ante el cual la ciudadanía podrá interponer una reclamación cuando le sea denegado el derecho a la información pública o ésta no sea la deseada. Asimismo, tendrá capacidad para dictar soluciones con medidas correctivas y para incoar procedimientos sancionadores o actuaciones disciplinarias.

El proyecto de ley establece también un régimen sancionador por infracciones en materia de transparencia. En este ámbito se remarca la obligación de publicar el Programa de Gobierno de cada legislatura y la elaboración de unos indicadores anuales para la rendición de cuentas como el coste de los servicios públicos atendidos, los recursos humanos que constituyen el empleo público o los principales compromisos de futuro, entre otros.