El Gobierno Vasco acelera la aprobación de leyes ante el previsible adelanto electoral

De momento, el acelerón está dando resultado. Desde la vuelta del verano la Cámara ha dado luz verde a seis leyes, cinco de ellas en un intensísimo mes de noviembre. Hoy se aprobarán otras seis y se modificará una sexta. De esta manera, solo quedarán pendientes de ser aprobadas en los próximos meses cuatro normas: Transición energética y cambio climático, Infancia y adolescencia, Cooperación y solidaridad; y Transparencia. La Ley de Presupuestos para 2024 recibirá luz verde el viernes.

A continuación describimos las cinco normas que serán sometidas a votación hoy en la Cámara vasca.

La Ley de Educación ha sido una de las grandes apuestas del Gobierno Vasco en esta legislatura pero, si bien saldrá adelante, lo hará con menos apoyos de los esperados. Los buenos augurios con los que se aprobó el pacto educativo en marzo de 2022, con el voto a favor de PNV, PSE, EH Bildu y Podemos, se han torcido. El objetivo era sumar al mayor número formaciones dada la trascendencia de la norma, pero no va a ser posible en esta ocasión.

La inclusión de la enmienda que mantiene los modelos lingüísticos A, B y D ha sido la línea roja que EH Bildu, tras consultar a sus bases, no ha querido traspasar. Desde Elkarrin Podemos se argumenta que es una oportunidad perdida para fortalecer la escuela pública, en tanto que el PP critica que no se puede articular una educación en torno al eje vertebrador del euskera.

El Gobierno Vasco defiende que la ley que se someterá a votación «deriva» del acuerdo firmado en marzo de 2022 por PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU. Remarca que «todos y cada uno» de los 101 artículos que integran la norma han sido acordados con la coalición abertzale.

En el ámbito económico-laboral destaca la Ley Vasca de Empleo, aprobada por el Ejecutivo de Urkullu en abril. Entre los objetivos que se plantea esta norma cabe resaltar que para julio de 2024 los desempleados tengan asignado su orientador, con la previsión de que un año después todos cuenten ya con su itinerario. También tendrán derecho a estas políticas activas los ocupados que así lo demanden. Para cumplir con la nueva ley se está llevando a cabo una profunda reorganización de Lanbide, que cuenta con 46 oficinas (una virtual) y un millar de empleados. De ellos, cerca de 373 son orientadores y se pretende llegar a 430.

La consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, destaca que la nueva ley busca regular por primera vez en el Estado el trabajo digno y de calidad, «el mayor reto al que nos enfrentamos como sociedad en materia de igualdad y competitividad». Para afrontarlo, explica que los ayuntamientos también tendrán un protagonismo más acusado, garantizándoles financiación para responder a las necesidades de sus vecinos y empresas.

Su principal objetivo es dotar de una regulación estructural al ámbito de actuación, funciones, organización y régimen jurídico del Instituto Vasco de Finanzas. El IVF fue creado en la Ley de Presupuestos vascos de 2008 con la idea de reordenar la política financiera y los instrumentos de crédito públicos, pero durante sus primeros años de vida su actividad se limitó apenas a la concesión de algunos préstamos para realizar inversiones científico-tecnológicas. Fue a partir de 2013 cuando el Gobierno Vasco inició un proceso de reordenación de los instrumentos financieros, dándole más protagonismo. Una senda que desembocó en julio de 2018, cuando el Gobierno culminó un proceso de reordenación y racionalización de todos sus vehículos financieros (de capital, de garantía y de crédito), que situó bajo el paraguas del IVF, con la misión de usar toda su potencia de tiro en el apoyo al tejido local y la promoción de su arraigo en Euskadi. Así, por ejemplo, el año pasado el Gobierno Vasco, a través del IVF, entró en el capital de ULMA Inversiones, una cooperativa de cooperativas bajo la que trabajan las distintas empresas de ese grupo.

El lehendakari inauguró el mes pasado la nueva sede del Instituto Vasco de Finanzas , en la tercera planta del edificio de la Bolsa de Bilbao. El director general del IVF, Javier Arnáez, recordó los inicios de este organismo y explicó que desde su arranque, en 2009, ha concedido financiación a más de 400 empresas por valor de 700 millones.

El País Vasco tendrá finalmente una 'Ley antideslocalizaciones' de empresas que obligará a aquellas compañías que se lleven fuera del País Vasco su producción o actividad a devolver las ayudas públicas recibidas en los últimos ocho años. La nueva normativa ha sido pactada por EH Bildu, proponente de la iniciativa, con los dos partidos del Gobierno Vasco, PNV y PSE-EE. De esta forma Gipuzkoa y Araba se igualan a Bizkaia, donde ya estaba vigente desde 2007 está obligación de devolver las ayudas. El dictamen fue aprobado en la ponencia que se ha celebrado en los últimos meses en el Parlamento Vasco, en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda, y que ha contado con la presencia de distintos actores económicos, entre ellos la patronal Confebask, que veía «injusta» esta nueva norma.

La principal novedad del texto es la creación de la 'Autoridad Vasca de Protección de Datos'. Tiene como objetivo regular el control y la supervisión del tratamiento de los datos personales de los que el sector público de Euskadi es responsable. La norma contempla que la nueva 'Autoridad Vasca de Protección de Datos' podrá realizar inspecciones periódicas, circunstanciales, de oficio o a instancia de las personas afectadas, de cualquiera de los casos de vulneración de la protección y el tratamiento de los datos personales.

Para ello, indica que podrán acceder a locales, examinar soportes o sistemas de información, requerir el envío o ejecución de programas, aplicaciones, procedimientos, así como documentación. Además, podrán tener acceso al domicilio de la persona inspeccionada con su consentimiento o con su correspondiente autorización judicial.

El Parlamento modificará la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo para evitar interpretaciones erróneas. Se pretende clarificar el cómputo de los plazos de suspensión de licencias y autorizaciones urbanísticas. La redacción actual del artículo puede dar pie a una interpretación por la que el plazo de un año de suspensión adoptado con el Avance termine restando el cómputo máximo de los dos años vinculados a la aprobación inicial. Por ello, se propone dejar clara la independencia de ambos plazos, con lo cual, el máximo podría ser de hasta tres años.