El Gobierno Vasco apuesta por «endurecer las penas» por okupación y agilizar los desalojos con autorización judicial

La única parlamentaria de Vox en la Cámara de Vitoria, Amaia Martínez, ha reclamado al Gobierno Vasco que más allá de «preocuparse» por este problema, se «ocupe» de buscar soluciones, dado que la okupación «representa una violación intolerable de un espacio íntimo y personal».

En su respuesta, el consejero Zupiria ha reprochado a Martínez que se dedique a «mezclar torticera y deliberadamente» conceptos diferentes como el allanamiento de morada y la okupación de un local. En esta línea, ha incidido en que el año pasado se presentaron en Euskadi 207 denuncias por allanamiento de morada y 299 por okupación de locales o bajos. Ha subrayado que en cuanto al primer caso «se pueden resolver con una llamada a la Ertzaintza», mientras en cuanto al segundo punto «necesitan de una denuncia ante la Justicia y de la decisión de un juez». «Son cuestiones diferentes y cada una tiene su tratamiento», ha respondido a la parlamentaria de Vox.

El consejero ha reconocido la «preocupación» del Gobierno Vasco por este fenómeno, debido a los problemas que puede acarrear para la «convivencia» y la sensación de «desamparo» que pueden tener las personas afectadas por el mismo. Asimismo, ha mostrado su preocupación por el hecho de que haya personas que residen de forma ilegal en locales o viviendas «que no cumplen los requisitos de habitabilidad y salubridad», así como por el hecho de que «haya personas que se tomen la justicia por su mano u organizaciones que promuevan el descontento y pongan en riesgo la convivencia».

Ha remarcado que la Ertzaintza ha desplegado este año, solo en Vitoria, más de 2.000 actuaciones preventivas, y que realiza un control diario de locales okupados. Además, ha indicado que la Ertzaintza está desarrollando un plan de acción sobre lonjas okupadas y un plan para controlar la actividad de las personas que residen en ellas o las frecuentan, así como otro plan de acción para «la prevención de porte y uso de armas blancas» y otro programa para la prevención de robos con violencia.

Zupiria ha insistido en que es partidario de modificar la legislación vigente «para permitir que los desalojos con autorización judicial se puedan ejecutar en menos plazo que ahora». También se ha mostrado a favor de «endurecer las penas por okupación». Sobre esta cuestión ha recalcado que debería llevarse a cabo en las Cortes Generales. También ha reiterado que este es un problema «que no se puede abordar exclusivamente desde el punto de vista de la actuación policial», ya que exige «la colaboración de múltiples agentes e instituciones para abordar, además de la seguridad, la integración de personas desarraigadas».