El Gobierno Vasco exige al Estado y a los actores «de la guerra sucia» que reconozcan el daño

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, reconoció que muchas de estas personas fueron víctimas de «experiencias traumáticas que quisieron contar, pero quizás no siempre hemos estado como sociedad dispuestos a escuchar». A la pregunta de «¿qué podemos hacer?», Melgosa manifestó que «no es necesario que inventemos nada» porque está «en los principios del derecho internacional en relación con las víctimas».

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El homenaje también contó con la presencia de Juana Balmaseda, presidenta de la Comisión de Valoración de la Ley 12/2016. Hasta el momento, el Gobierno Vasco ha reconocido la condición de víctima a 334 personas. De ellas, 187 lo fueron por el Decreto 107/2012 de Declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos producida entre los años 1960 y 1978 en el contexto de la violencia de motivación política vivida en la Comunidad Autónoma Vasca, impulsado por el Ejecutivo de Patxi López. Las 147 restantes lo han sido en el marco de la ley de 2016 (35 en el periodo 2020-2021; 46 en el periodo 2021-2022, y 66 en el 2022-2023).

Melgosa reivindicó que «el terrorismo de extrema derecha y de los grupos parapoliciales, la guerra sucia y la tortura deben tener también su capítulo en el libro de la memoria de este país». A esa tarea viene contribuyendo el trabajo de la Comisión de Valoración de la que Melgosa destacó «su profesionalidad, su rigor y su humanidad» y proclamó la necesidad de que «se sepa la verdad, que se haga justicia, que se ponga fin a la impunidad, que se reconozca oficial y socialmente la vulneración de los derechos de la que fuisteis objeto, para que vuestras heridas puedan ir cicatrizando y para que nunca más vuelva a suceder».

La consejera instó también a superar las etiquetas y la consideración de las víctimas «en función del agente perpetrador» y definió el «país que queremos, un país que no tiene miedo a proclamar que toda violación de derechos humanos fue y es radicalmente injusta». Al acto en el Kursaal, que supuso el reconocimiento simbólico a todas las personas víctimas de la violencia por motivación política entre los años 70, 80 y 90, asistieron entre otros cargos públicos la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, que remarco que «hoy las instituciones vascas dan nuevos pasos en el reconocimiento de las víctimas de motivación política, antaño olvidadas, sin opción de ser reparadas, y amparadas por una ley vasca desde 2012».