El Gobierno Vasco llevará el euskera a las cárceles

Desde que los gobiernos vasco y central firmaran el pasado mayo el traspaso de los centros penitenciarios, la consejería de Beatriz Artolazabal ha mantenido numerosas reuniones con diferentes colectivos vinculados al ámbito penitenciario, incluidos los sindicatos que representan a los funcionarios de prisiones, con el fin de ir preparando el terreno. El Gobierno vasco ya ha puesto sobre la mesa una propuesta que, a grandes rasgos, viene a mantener las condiciones laborales de los funcionarios -horario, jornada y sueldo-, al menos, durante los próximos dos años.

La negociación oficial, en todo caso, ha tenido que esperar a que el pasado viernes se hiciese efectivo el traspaso. La apuesta de la Administración pública por la «normalización lingüística» es clara. Ahora bien, reconocen, «aplicando la lógica». Cabe señalar que la media de edad de los 700 funcionarios y personal laboral de prisiones ronda los cincuenta años: Basauri, 54; Zaballa, 51; y Martutene, 48. Y que gran parte reside fuera de la Comunidad Autónoma Vasca.

Hablan desde el Gobierno Vasco de un plan «participado, consensuado y singularizado». Toman como ejemplo -con sus diferencias-, lo ocurrido cuando en 1996 Euskadi asumió la competencia sobre el personal de la Administración de la Justicia. Un acuerdo que supuso el traspaso a Euskadi de unos 1.700 funcionarios. El Gobierno Vasco y el Consejo General del Poder Judicial constituyeron una comisión para elaborar un mapa lingüístico de la Administración de Justicia en Euskadi, con el fin de determinar los perfiles de euskera de cada puesto.

A los agentes y auxiliares se les fijó el 2 -capaz de solicitar y dar información-, a los oficiales el 3 -dominio completo a nivel escrito como oral- y a los médicos forenses el 3 o incluso el 4. Se analizó, asimismo, el uso del idioma en función de la zona, porque no era lo mismo un juzgado en Vitoria que uno en un municipio de Gipuzkoa. Se ofertaron cursos gratis y se duplicaron los traductores.

En un primer decreto, el Gobierno Vasco se marcó como objetivo que el 40% de la plantilla de la Administración de Justicia debía acreditar en un periodo de diez años el perfil lingüístico asignado a su plaza concreta. En 2007, el Ejecutivo autónomo puso sobre la mesa una segunda fase para elevar en otra década ese porcentaje, al menos, al 70%.

Ni se exigió desde el primer momento el dominio del euskera ni su implantación fue de la noche a la mañana. Tampoco, así lo aseguran, lo será en el caso del personal de Prisiones. Deberán asignarse los perfiles lingüísticos a cada plaza, ya que a día de hoy no están fijados, y se tratará de hacer un traje a medida para los trabajadores, con la vista puesta a «medio y largo plazo», insisten desde Lakua. «No es lo mismo una persona de treinta años que una de más de cincuenta, que tiene cerca la jubilación», describen, en un intento de dotar de «normalidad» al proceso.

Cabe recordar, además, que la función pública vasca deja exento de acreditar el nivel lingüístico a los mayores de 45 años si su plaza no está perfilada. Y es el caso. Cuestión distinta será lo que ocurra a futuro. El euskera será reconocido como un mérito para próximas oposiciones y ya sí, cada puesto tendrá su perfil fijado.