El Gobierno Vasco recurrirá ante el Constitucional la anulación del traspaso de los títulos extranjeros

Así, el Gobierno Vasco ha tomado la decisión de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC). El objetivo es claro: «Defender al autogobierno de Euskadi y la legitimidad de las decisiones adoptadas en el marco de las transferencias de competencias», ha señalado la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno.

Ubarretxena, acompañada de Sabino Torre, viceconsejero de Régimen Jurídico, y de Begoña Pérez, directora de Autogobierno, ha anunciado además que, previamente, el Gobierno Vasco interpondrá un incidente de nulidad de actuaciones ante el propio Supremo, ya que se trata de un paso necesario para acudir en amparo al TC.

Las razones que ha esgrimido la portavoz del Gobierno Vasco han sido varias. Primero, ha considerado que «existe una vulneración de la tutela judicial efectiva». Además, el equipo jurídico del Ejecutivo alegará «indefensión» ante la sentencia del Tribunal Supremo. «Entendemos que se ha excedido en sus funciones al delimitar el reparto competencial Estado-Euskadi cuando es una función específica del Tribunal Constitucional al tener una especial trascendencia constitucional», ha criticado Ubarretxena.

Igualmente, Ubarretxena ha recordado que el artículo 16 del Estatuto de Gernika confiere a Euskadi la competencia de la enseñanza en toda su extensión. «Con el traspaso -ha explicado- no se trata de establecer normativamente la regulación de las condiciones de homologación de títulos académicos ni de incidir en las normas básicas para el desarrollo, sino de su ejecución».

Por último, ha lamentado que la sentencia de Supremo anula todo el acuerdo del traspaso «cuando el mismo se refiere tanto a la homologación de títulos –único aspecto sobre el que la sentencia se manifiesta– como a la declaración de equivalencia sobre la que no esgrime argumentación jurídica, si bien también queda anulada».

No obstante, la decisión de presentar un recurso no es la única medida que quiere poner en marcha el Gobierno de Imanol Pradales ante la «intromisión» del Supremo en el acuerdo que alcanzó en marzo del año pasado el entonces Ejecutivo vasco liderado por Iñigo Urkullu y el Gobierno central, cuando se cerró en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias un bloque de tres competencias pendientes y en virtud del pacto entre ambos gabinetes para completar íntegramente el Estatuto de Gernika. Aunque ya en julio del 2024 el alto tribunal ya decretó la suspensión cautelar de este traspaso a la espera de resolver los recursos en su contra, hasta su anulación definitiva conocida hace apenas una semana.

Así, Ubarretxena ha adelantado que las personas afectadas por esta medida también podrán plantear incidente de nulidad de actuaciones ante el Tribunal Supremo «al no haber sido emplazadas como personas interesadas en el proceso» y, como paso previo, en su caso, a presentar también un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Por otro lado, tal y como ha señalado la portavoz, los gobiernos central y vasco están valorando la opción de que Euskadi asuma una encomienda de gestión transitoria para dar salida a las 200 peticiones de homologaciones que, tras esta sentencia, han quedado en el limbo y sin resolver. Y es que el fallo del Supremo ha paralizado los expedientes iniciados por 200 personas que tuvieron ocasión de solicitar la convalidación en el periodo que estuvo disponible esa posibilidad, aproximadamente 15 días desde que se abrió el procedimiento hasta que fue suspendido cautelarmente. Aunque tanto el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez, como la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, cifraron en un total de 800 los afectados por la anulación por el Tribunal Supremo del traspaso a Euskadi de la competencia de homologación de títulos extranjeros.

A medio plazo, desde el Gobierno Vasco también barajan la opción de solicitar la modificación del Artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario «para incorporar que la ejecución de los procesos de homologación y declaración de equivalencia correspondan a las Comunidades Autónomas». Aunque, a preguntas de los periodistas, Ubarretxena no ha especificado cuál será el camino a seguir, es decir, si será algo que promoverán conjuntamente con el Ejecutivo central, si lo planteará directamente el Estado o si lo impulsará el PNV como grupo parlamnetario en el Congreso de los Diputados. «Ha pasado solo una semana y se trata de temas jurídicamente complejos que hay que analizarlos muy bien», ha manifestado Ubarretxena, que ha señalado que será el próximo 8 de abril cuando el Consejo de Gobierno dé luz verde a la presentación de dicho recurso.

Por último, y ya más a largo plazo, la portavoz del Gobierno Vasco ha desvelado también que, junto al Ejecutivo de Sánchez, se va a promover un nuevo camino ante la jurisdicción constitucional, es decir, «activaremos la tramitación de una ley orgánica que regule de forma clara e inequívoca que los acuerdos adoptados en la Comisión Mixta de Trasferencias, las transferencias de las diferentes competencias tengan acceso a dicha jurisdicción», ha concluido Ubarretxena, que ha puesto en valor el trabajo de los equipos jurídicos para tratar de dar solución a esta cuestión.

De hecho, la semana que viene ambos ejecutivos mantendrán una nueva reunión «para ir analizando cuál es la mejor vía», aunque ahora se hayan planteado estas cuatro iniciativas: el recurso de amparo, los pasos que pueden seguir las personas afectadas, la modificación de la Ley del Sistema Universitario y la tramitación de una ley orgánica que regule los acuerdos sellados en la Comisión Mixta de Trasferencias.