El Gobierno Vasco refuerza la gratuitad en la asistencia jurídica con una inversión de 18 millones

El objetivo es claro: poder garantizar la accesibilidad de la Justicia a todo aquel que lo requiera y no cuente con recursos económicos suficientes para afrontar cualquier recorrido judicial. Y con esa meta a la vista, el Gobierno Vasco, desde el departamento de Justicia y Derechos Humanos que lidera la socialista María Jesús San José, ha acordado destinar hasta 18 millones de euros en este 2025 a la asistencia jurídica gratuita.

Esta es una de las principales medidad adoptadas este martes en el seno del Consejo de Gobierno, y que ha dado a conocer la portavoz del Ejecutivo, Maria Ubarretxena, en la habitual rueda de prensa de los martes. De esta manera, y a propuesta de la consejera San José, el Gobierno que capitanea Imanol Pradales ha dado luz verde a un gasto de 18 millones de euros para financiar a lo largo de este año el servicio de asistencia jurídica gratuita que prestan los letrados de los Colegios Profesionales de la Abogacía y de la Procuraduría de Euskadi.

Desde el Gobierno Vasco han querido destacar que la justicia gratuita «es un derecho constitucional que beneficia mayoritariamente a las personas imputadas, detenidas o presas que carecen de recursos económicos suficientes para contratar los servicios particulares de una persona profesional de la abogacía».

Tal y como han desgranado, los colegios de la abogacía recibirán 15,4 millones para financiar el turno de oficio y de guardia, y 1,6 millones más para sufragar gastos de funcionamiento. Por su parte, los Colegios de Procuradores percibirán 900.000 euros para el turno de oficio y 200.000 para gastos de funcionamiento. Tal y como se desprende del comunicado del Ejecutivo autonómico, con el montante total de esta cuantía económica se ha ampliado el presupuesto en cerca de un millón de euros con respecto a 2024, que ascendió a 17,2 euros.

«Garantizar el acceso al servicio público de la Justicia, su accesibilidad plena, es una de las prioridades del departamento que dirige Maria Jesús San José, y evitar que nadie renuncie a defender sus derechos por cualquier razón, en este caso por cuestiones económicas», han resaltado.

Asimismo, esta actuación viene a materializar uno de los objetivos recogidos en el programa de Gobierno de la actual legislatura que registraron el PNV y el PSE, socios del Ejecutivo vasco, que pusieron énfasis en la necesidad de «agilizar el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita y dignificar el trabajo que realizan y los profesionales de la abogacía, la procuraduría y los graduados sociales».

Por otra parte, el departamento de Justicia también ha avalado destinar hasta 250.000 euros a municipios y entidades locales para proyectos en materia de convivencia y derechos humanos.

Tal y como ha destacado la consejera San José, el objetivo de las ayudas -que será para el periodo 2025/2026- «es el de fomentar en la sociedad vasca una cultura basada en la convivencia, el respeto a los derechos humanos, la empatía y la solidaridad». Así, podrán beneficiarse de ellas tanto los municipios como las entidades locales sin ánimo de lucro que promuevan iniciativas alineadas con estos valores.

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