Iceta y Erkoreka coinciden en que el traspaso de Prisiones «salda una deuda» con Euskadi

El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, y el vicelehendakari primero, Josu Erkoreka, han coincidido hoy en que la transferencia de la gestión de Prisiones «salda una deuda» con Euskadi que durante décadas estuvo en vía muerta por la existencia del terrorismo de ETA. Ambos dirigentes han encabezado este lunes en Bilbao una Comisión Mixta de Transferencias que ha permitido que los gobiernos central y vasco firmen cuatro nuevos traspasos estatutarios a Euskadi. El de «mayor peso político, social y económico» es el de la gestión de los centros penitenciarios, aunque también se han rubricado transporte por carretera (que ahora el Gobierno Vasco deberá transferir a las tres Diputaciones forales), el edificio Distrito Marítimo de Ondarroa y la gestión del código bibliográfico ISSN.

En la comparecencia conjunta que han realizado en el Archivo Histórico de Euskadi una vez concluida la Comisión Mixta, Iceta ha destacado que el traspaso de estas cuatro competencias, sobre todo la de Prisiones por su importancia, supone «volver a la normalidad y cumplir con lo que dicen la Constitución, el Estatuto y las leyes». El ministro ha pedido desligar la gestión de los centros penitenciarios de la política penitenciaria y ha asegurado que «para mí es una satisfacción que hoy los dos gobiernos nos hayamos reunido para avanzar en el desarrollo del Estado autonómico y del autogobierno». También ha avanzado que ambos ejecutivos seguirán trabajando en esta vía y que antes de que acabe el presente año se cerrará otro paquete de transferencias.

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha destacado que «el modelo de negociación bilateral sigue vigente y es una receta de éxito» y ha señalado que estos cuatro traspasos «nos acercan a la meta de cumplir íntegramente el Estatuto». Tras incidir en que la transferencia de Prisiones «es cumplir la ley y saldar una deuda con Euskadi», afirmación a la que el propio Iceta ha dado la razón, Erkoreka ha asegurado que «el Gobierno Vasco está preparado jurídica, anímica y administrativamente para gestionar con eficacia la competencia de los centros penitenciarios».

A pesar de haberse firmado hoy la transferencia, la gestión directa de las cárceles por parte del Gobierno Vasco será efectiva a partir del próximo 1 de octubre. Durante más de cuatro décadas han sido el Ministerio del Interior y la Secretaría de Instituciones Penitenciarias los responsables de las tres prisiones de Euskadi. A partir de octubre pasarán el testigo al Gobierno Vasco, que asumirá una red completa de recursos materiales con los que prestar el servicio público penitenciario. Actualmente hay alrededor de 1.300 reclusos en las cárceles de Zaballa (Araba), Martutene (Gipuzkoa) y Basauri (Bizkaia), de los que aproximadamente un centenar son mujeres.

Los tres inmuebles han sido traspasados a Euskadi, que se hará cargo en las mismas condiciones jurídicas en las que pertenecían anteriormente al Estado. Cuando se construya la prisión de Zubieta, el Gobierno Vasco devolverá el edificio de Martutene al Ejecutivo español y asumirá la titularidad del nuevo establecimiento penitenciario de Zubieta. Las obras de construcción de esta prisión fueron adjudicadas por el Gobierno central el pasado mes de marzo y, según los plazos de obra establecidos, será una realidad en primavera de 2023. Esta operación no supondrá variación en la valoración del coste total anual a nivel estatal asociado al traspaso.

El Gobierno Vasco integrará y se hará cargo de la nómina de cerca de 700 empleados públicos actuales, que van a ser transferidos para su integración en la función pública vasca y que trabajan en las tres prisiones vascas. Alrededor de 300 en Zaballa, mientras que en Basauri y Martutene no llegan a 200. La mayoría son funcionarios, aunque también hay laborales.

El traspaso de Prisiones se valora en 1.120.933.225 euros, por lo que Euskadi retendrá anualmente para financiar las funciones y servicios asumidos (reduciendo el 6,24% del Cupo) la cantidad anual de 69.949.977 euros. El Gobierno Vasco retendrá esa cantidad sin aportarla ya al Cupo y la integrará en sus Presupuestos para poder financiar el conjunto de funciones y servicios asumidos.