La impunidad de ETA: expedientes perdidos, pruebas extraviadas, testigos que no fueron entrevistados...

Expedientes perdidos, pruebas no realizadas o que se extraviaron, sumarios cerrados en un día, testigos de crímenes que no fueron entrevistados, declaraciones incriminatorias que nadie atendió. Un auténtico inventario de la impunidad en atentados terroristas que se debe a investigaciones paupérrimas y procesos judiciales deficientes. Eso es lo que desvela Covite en un exhaustivo informe que ha confeccionado a lo largo de los últimos tres años y medio y donde analizan 50 sumarios de crímenes no resueltos de ETA. EL CORREO ha tenido acceso a este material en exclusiva.

Luis Candendo Pérez, un trabajador de Altos Hornos que fue asesinado por la banda en 1978. Su sumario, esa torre que suma habitualmente centenares de páginas, tiene 24 folios. La autopsia, manuscrita, resulta ilegible. Se incoa –es decir, se abre– y se cierra el mismo día. No se realizaran diligencias y todo apunta a que ni siquiera se extrajeron los proyectiles del cadáver de la víctima.

No es una excepción. Los sumarios de Fernando Amor y Abraham Muñoz por ejemplo, se cerraron también en el mismo día de su apertura. En el primer caso la investigación fue «inexistente» y «no se siguió la pista de las pruebas». El segundo es un dossier de 29 folios donde no hay rastro de «ninguna diligencia a pesar de que no podía haber más huellas y testigos», según recalca el análisis.

Hay numerosos expedientes, como el de José IgnacioUstarán, que se archivaron al día siguiente. Algunos bordean el surrealismo. La Audiencia Nacional, competente en asuntos de terrorismo, «tuvo constancia del crimen de Vicente Irusta 33 años después», cuando ya estaba prescrito. El sumario de Jesús Ildefonso García Vadillo –un químico asesinado en 1985, seguramente porque los etarras le confundieron con un policía al que se parecía– estuvo perdido hasta 1993 y el caso se archivó en 1994.

Las investigaciones policiales de algunos de estos casos dan para un capítulo aparte. A JulioSantiago Expósito le mataron en el mostrador de la sastrería de su padre. Los dos etarras salieron huyendo en un vehículo que fue localizado y donde se encontró una huella dactilar. Nunca se analizó. La autopsia que se realizó al cadáver es tan somera que ni siquiera detalla el número de heridas que presenta el cuerpo.

Las revelaciones incriminatorias que señalaban a dos personas en el asesinato del trabajador de Michelín Luis María Hergueta permanecieron en un cajón desde 1981 hasta 1996. A uno de los testigos presenciales le mostraron las fotos de los posibles autores 23 años después. Se pasó por alto incluso una confesión explícita que daba detalles del crimen.

No fue la única vez que el asunto quedó aparcado pese a estar clara la autoría. En el atentado que costó la vida a Jesús Vidaurre y José Oyaga hubo una «minuciosa confesión firmada por uno de los etarras» que, de manera muy sorprendente, no se tuvo en cuenta. El caso había presentado dudas al principio, en los primeros días, hasta que ETA lo reivindicó acusando a las víctimas de estar relacionados con las drogas, un pretexto habitual. Pero, una vez despejadas, tampoco se envió a la Audiencia Nacional, competente en materia de terrorismo. Prescribió sin llegar a Madrid. Otro ejemplo más, el del teniente coronel Sergio Borrajo, donde «se conocía la identidad de los autores y no dictó orden de búsqueda jamás», según denuncia Covite en las 230 páginas de su exhaustivo informe.

El abogado Pablo CidFernández ha buceado en ese mar de sumarios en los últimos tres años y medio, antes de que Irene Muñoz le diera forma de cara a su presentación en las jornadas anuales de Covite, que se celebrarán en Pamplona el 14 de noviembre. «En el estudio de los sumarios sobre víctimas de crímenes cometidos por la organización terrorista ETA o sus escisiones, los Comandos Autónomos Capitalistas (CAA) y, en menor medida, la rama ETA (PM) me he encontrado con casos sorprendentes por tratarse de errores que se pueden calificar como inexplicables», admite Cid Fernández. En el asesinato de cuatro guardias civiles en Markina, el 20 de septiembre de 1980, el atestado recalca que «en un radio de acción de cuatro metros se encuentran treinta y siete casquillos de bala».Lo sorprendente es que «no consta que se hiciera una prueba balística de los casquillos encontrados y ninguno de los jueces o fiscales que intervinieron en el caso solicitó que se hiciera».

Hay más. En el caso del cabo de la Guardia Civil Aurelio Salgueiro, sorprende que «el arma con la que se cometió el asesinato fue intervenida al cadáver de Roberto Aranburu, que murió en Arrasate el 15 de noviembre de 1978, junto a José María Iturrioz Garmendia, en un enfrentamiento con la Guardia Civil, tras ametrallar un acuartelamiento». Dada la cercanía temporal y geográfica, «es posible considerar que existe una conexión entre los mismos» y ni siquiera se interrogó a un testigo al respecto. No se incoó el sumario.

El letrado también se sorpende por la pérdida de pruebas, como unos vasos con unas huellas dactilares tras un crimen. La Policía respondió, al reclamarlas un juez, que «los artículos citados, debido al tiempo transcurrido, a los diferentes cambios de ubicación de elementos en la Brigada y a que en su día se llevaron a cabo las técnicas de que se disponían en aquel tiempo (...)» no están disponibles. También recalca el abogado que «la falta de incoación de un sumario en un asesinato, como sería preceptivo es una falta de rigor procesal clara».

ConsueloOrdóñez, presidenta de Covite, defiende que «con esta última investigación, y las que ya hemos realizado en años anteriores, podemos afirmar con rotundidad que la justicia ha fracasado especialmente con las víctimas de ETA. Es lo contrario de lo que ha sucedido con las de los Grapo, que han tenido cifras muy bajas de impunidad –93% de crímenes resueltos–. Lo que vemos es que casi la mitad de las víctimas de ETA y de otros terrorismos no han tenido justicia». Y va más allá. «Lo más sorprendente ha sido descubrir que la responsabilidad de tanta impunidad es de los órganos judiciales. Si muchos crímenes terroristas han quedado impunes, no ha sido por la pericia de los asesinos, sino por la impericia de quienes debieron impartir justicia y no lo hicieron, bien por no investigar estos crímenes o bien por graves negligencias en la fase de instrucción. Sin investigación es imposible encontrar y castigar a los culpables».

La presidenta de la principal asociación vasca de víctimas del terrorismo desliza que «es decepcionante que el Ministerio del Interior se niegue a financiar los abogados especialistas en derecho penal, imprescindibles en este proyecto de investigación». Ordóñez es consciente del varapalo que representa este informe  para «quienes debieron hacer justicia». En estos casos, no lo hicieron..