Un informe del Gobierno Vasco asegura que la muerte de cuatro miembros de los CC AA en Pasaia fue «una ejecución extrajudicial«

Coincidiendo con el 39 aniversario de la denominada 'emboscada de Pasaia', se ha conocido que el Gobierno Vasco encargó a la Cátedra Unesco de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV un informe sobre los hechos ocurridos. El trabajo, dirigido por el catedrático de Derecho Penal Jon Mirena Landa, fue entregado en 2020 al Gobierno Vasco pero no ha llegado a manos de los familiares de las víctimas hasta hace tres semanas. Pello Aizpuru, el hermano de Dionisio Aizpuru uno de los miembros de los CC AA que murieron por los disparos de la Policía se ha mostrado «muy dolidos» por no haber tenido conocimiento de la investigación hasta ahora. «Las conclusiones del informe son escalofriantes. Llevamos 40 años tocando todas las puertas posibles. ¿Cómo ha podido el Gobierno Vasco mantener guardado este informe en un cajón durante años?, ¿son estos los defensores de los derechos humanos?», se ha preguntado en declaraciones en la televisión pública vasca.

En el apartado de conclusiones, el informe afirma que no hubo uno investigación judicial efectiva y exhaustiva para aclarar los hechos. Tras un detallado relato de las circunstancias que rodearon el tiroteo, los expertos consideran que «son todos factores que acumulan un conjunto de presunciones de hecho que militan abrumadoramente a favor de una operación policial que escala a ejecución extrajucicial». Se constata en el mismo informe que «en vez de una investigación judicial pronta y eficaz se tornó en un calvario judicial presidido por constantes maniobras dilatorias». Así, añade el texto, «nos encontramos ante un caso paradigmático de violación grave de los derechos humanos» y ante una «resistencia al afloramiento de la verdad». El documento añade que además «el silencio institucional prácticamente generalizado ha incrementado aún más si cabe el grado de injusticia«.

La cátedra Unesco de la UPV incluye una serie de recomendaciones entre las que señala hacer público el informe y apoyar a los familiares de las víctimas. Aizpurua denuncia, sin embargo, el trato recibido. «Es un informe de gran valor y lo han tenido guardado en un cajón. ¿Cómo es posible? No hay derecho, no tengo palabras. Luego dirán que nos tratan a todas las víctimas por igual », sostiene según las mismas fuentes.