Un informe para el Parlamento desaconseja crear una ley de Memoria Histórica en Euskadi

Un informe preliminar, fruto del encargo que el Parlamento Vasco hizo al instituto Gogora el pasado mes de febrero, no considera «adecuado a las circunstancias particulares, tanto históricas como actuales», el desarrollo de una ley integral de políticas públicas de Memoria Histórica de Euskadi. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, recomienda, sin embargo, potenciar y redimensionar el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, que dirige Aintzane Ezenarro, como institución de referencia y organismo de coordinación de todas esas políticas públicas, estableciendo de forma nítida su ámbito de competencias ampliadas. Esta recomendación implicaría la reforma de la ley de 4/2014 de creación del Instituto de la Memoria para dar encaje jurídico a las nuevas competencias que le fueran atribuidas y la incorporación formal a Gogora de nuevos proyectos.

El documento, elaborado desde el pasado abril por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), no avala tampoco la puesta en marcha de una comisión de la verdad «en esta coyuntura política», aunque no descarta una fórmula de investigación y valoración en el futuro que se adecúe a las necesidades de Euskadi. Lo que sí constata es la necesidad de fortalecer la colaboración de Gogora con las asociaciones memorialistas y los colectivos de víctimas, y, al mismo tiempo, propone crear un consejo vasco de participación de víctimas del franquismo u otro organismo semejante que contribuya a la participación ciudadana en la construcción de la memoria democrática.

El informe, firmado por los investigadores Francisco Ferrándiz y Marije Hristova, agrupa un total de veinticinco recomendaciones y será presentado el próximo lunes en el consejo de dirección de Gogora, cuyos miembros tendrán un plazo para hacer aportaciones al texto.

Si los partidos atienden los consejos del CSIC, el instituto de la memoria se consolidaría como la principal institución de referencia para esas cuestiones en Euskadi. Un replanteamiento que debería llevarse a cabo, según el informe, con los más amplios consensos políticos y sociales posibles, tras un debate en la sociedad vasca con la máxima participación.

La elaboración de este informe surge tras la aprobación en el Parlamento Vasco, el pasado mes de febrero, de una iniciativa para que el instituto Gogora se encargara de la elaboración, en el plazo de ocho meses, de un documento que identificara «las necesidades» relacionadas con la posible tramitación de una ley vasca de memoria histórica y las «potencialidades y carencias» del actual marco normativo. La proposición no de ley de jeltzales y socialistas, socios en el Gobierno Vasco, recibió el apoyo de todos los partidos salvo el PP, y con ella se daba cauce al debate sobre una ley de Memoria Histórica que una semana antes había recibido un portazo en el mismo Parlamento. En esa ocasión, una iniciativa de EH Bildu para impulsar una ley propia fue frenada por PNV, PSE y PP, aunque recibió el respaldo de Elkarrekin Podemos.

Las atribuciones a Gogora que propone el informe implicarían, entre otras cosas, asumir la gestión y actualización del mapa de fosas de Euskadi, incluyendo su difusión, mantenimiento y actualización, así como del 'Informe-base de vulneraciones de derechos humanos 1936-78', que se presentará próximamente, fomentar su divulgación y proyección pública mediante la creación de una plataforma digital versátil. Todo ello, encaminado a homologar la presentación pública de este censo de víctimas a los proyectos de 'Todos los nombres', presentes en otras comunidades autónomas.

En sus apreciaciones, los investigadores del CSIC reconocen que su recomendación supone un modelo inverso al que está teniendo lugar en el resto del Estado en relación a estas políticas. Valoran también que cada territorio tiene sus condiciones específicas, que no hay una fórmula única y que «no existe contradicción alguna entre el fomento de leyes integrales de memoria en algunos de ellos, y el fortalecimiento de estructuras existentes», como es el caso del instituto vasco. Si a pesar de las recomendaciones los grupos parlamentarios vascos decidieran acometer la ley integral, el informe recomienda que el desarrollo legislativo «no suponga el desmantelamiento o transformación radical de las estructuras institucionales de memoria histórica ya existentes».