Ingresa en prisión el primer condenado por el 'caso De Miguel'

Está considerado el 'infiltrado' en el Gobierno vasco de esta trama, capitaneada por Alfredo De Miguel, quien fuera número dos del PNV en Álava. Según señaló en su momento la Audiencia Provincial de Álava, y ratificó en enero el Tribunal Supremo, este implicado se valía de su cargo de director de Deportes del Gobierno vasco en el gobierno Ibarretxe para favorecer «la adjudicación de contratos públicos» a empresas pantalla de esta red corrupta.

Sánchez Robles era el único de los cuatro condenados con penas reales de cárcel que había descartado la opción del examen médico como último recurso para atrasar su entrada en un centro penitenciario. Alfredo De Miguel, condenado a nueve años, y sus compinches Aitor Tellería y Koldo Ochandiano sí han solicitado una revisión a cargo de forenses para tratar de eludir su paso por prisión o, como mínimo, retardarlo aún unas semanas. «Incluso podrían ser meses», señalan fuentes conocedoras del proceso. Sánchez Robles está casado con Josune Gorospe, actual diputada jeltzale en el Congreso de los Diputados.

Este primer ingreso se produce más de catorce años después de la denuncia con la que empezó todo. A finales de 2019, la Audiencia Provincial de Álava, en un fallo firmado por la magistrada Elena Cabero, les condenó a severas penas de cárcel por diversos cargos ligados a la corrupción. Hubo un total de quince sentenciados. En su fallo se consideraba probado que se «beneficiaron de la gran influencia de sus cargos para enriquecerse de manera ilícita».

Todos recurrieron. En enero, hace cinco meses, el Tribunal Supremo ratificó las principales condenas impuestas por la Audiencia. Con rebajas técnicas respecto a la instancia previa, el alto tribunal estableció una pena de 12 años y 4 meses de cárcel para el cabecilla de la trama, el exdiputado foral Alfredo de Miguel, quien en todo caso cumplirá un máximo de 9 años en prisión. A Koldo Ochandiano se le impusierno 7 años y medio, mientras que a Aitor Tellería se le condenó a 5 años y un mes.

El Supremo avaló el grueso del fallo emitido en diciembre de 2019 por los jueces Elena Cabero, Jaime Tapia (ahora asesor del Gobierno vasco en materia penitenciaria) y Raúl Aztiria tras la instrucción de Roberto Ramos y el trabajo de los fiscales Josu Izaguirre y Manu Pedreira.