Investidura por lenguaje

Para empezar, sólo hay en el texto un compromiso que pueda ser tenido por tal. Se trata de «la mesa de diálogo, negociación y acuerdo entre Gobiernos» que iniciará su trabajo «en el plazo de quince días desde la formación del Gobierno de España». Ocurre, además y paradójicamente, que incluso la constitución de esa mesa encontrará más obstáculos en quien la exige que en quien la concede. Los republicanos, en efecto, se extralimitaron en sus facultades al comprometer a un Govern del que no son sino socio minoritario y, encima, enfrentado, en este punto, al principal. De momento, será, por tanto, Torra o, en su falta, JxCat el que decida si y cómo se constituirá la mesa.

Fuera de esto, el acuerdo sólo contiene buenas intenciones o disposiciones de las partes, expresadas, además, con tal ambigüedad, que son cualquier cosa menos compromisos recíprocos. Cada uno puede interpretarlas a su antojo sin haber cambiado la postura que mantenía antes de la firma. Vale ello tanto para la «naturaleza política del conflicto» como para la «superación de su judicialización», la «bilateralidad», el «sistema jurídico-político» o el «ordenamiento jurídico democrático» y, finalmente, para la «consulta a la ciudadanía de Catalunya». Tan ambiguos son los conceptos, que cada firmante ha expresado ya sus discordantes interpretaciones sin ser contradicho por la contraparte. Los compromisos, si los hubiere, han quedado disueltos en la misma ambigüedad de su plasmación. Cada uno podrá «desdecirse» de lo que el otro interpreta sin ser acusado de traidor. Ni siquiera un eventual «relator» se atrevería a reprochárselo.

Así las cosas, el acuerdo consiste en un trueque que está ya consumado. Lo que depare el futuro se halla abierto al devenir de la política y no cerrado en el texto. A partir de la constitución de la mesa, quedarán involucrados todos los poderes del Estado. En el trueque, los socialistas han conseguido nada menos, pero tampoco nada más, que una investidura. Los republicanos, por su parte, una campaña electoral. Investidura, pues, por lenguaje. Al hacer asumir al socialismo gobernante la terminología creada por el independentismo -conflicto, desjudicialización, bilateralidad, ordenamiento jurídico-democrático, consulta, etc.-, los republicanos se han hecho con un instrumento de campaña que les será de enorme utilidad para sus próximas elecciones. Han sentado al Gobierno a una mesa de negociación abierta y sin condiciones previas, y en sus manos ha quedado además la estabilidad de aquél. Se habrán apropiado así de la representación del independentismo «realista y útil» que tanto necesita y demanda una Cataluña cansada y frustrada. Desde esta perspectiva, el acuerdo valdrá en la medida en que propicie la victoria de ERC en las elecciones catalanas.

Así, pues, aunque consumado, el acuerdo mira, sobre todo, al futuro. Cobrado en el presente, si bien de modo sólo precario, por el PSOE, está aún por cobrar en su integridad por ERC. Ambos miran, por ello, a ese futuro con parecida ansiedad. Pues el acuerdo sólo será beneficioso para los dos -y quizá para todos-, si los republicanos salen victoriosos en Cataluña y logran cambiar el actual statu quo y configurar un Govern en el que queden excluidos los viejos convergentes e incluidos los socialistas en su versión catalana. Si así ocurre, lo que el folio y medio tiene de ambiguo empezará a concretarse. Aunque, caso de extralimitarse en sus concreciones, su puesta en práctica se verá impedida por los otros poderes que velan por la integridad del Estado de Derecho. Mientras tanto, la coalición de Gobierno entre PSOE y UP es lo que merece atención.