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Félix Bolaños se desvincula por completo de la contratación de la asesora de Moncloa que durante años trabajó para la cátedra extraordinaria en Transformación Social ... Competitiva (TSC) de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Durante un tenso interrogatorio en un despacho del complejo de la Moncloa que se extendió durante más de dos horas con el juez Juan Carlos Peinado, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes defendió este miércoles que él -en su papel secretario de Presidencia en 2018 cuando el Gobierno de Pedro Sánchez tomó posesión- no podía estar encima del centenar de personas que entraron como eventuales en Moncloa tras la moción de censura en sustitución del personal que trabajaba para Mariano Rajoy. «Tenía a muchas personas a mi cargo», alegó de manera reiterada.
Según Bolaños, en la época en que Álvarez entró en plantilla de Moncloa como directora de Programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno fueron fichados en Presidencia otro centenar largo de cargos temporales de confianza, por lo que él no siguió en persona ese macro-proceso de selección. Y, en cualquier caso dijo no recordar los detalles de la gran mayoría de aquellas contrataciones y los perfiles de los seleccionados. Además, insistió, nunca fue ni el responsable directo de esa asistente ni su jefe. Es más, afirmó que solo conoció a Álvarez «semanas después» de ser contratada.
El actual ministro de Justicia desmintió así en su declaración judicial de este miércoles a quien fuera su número 2. Peinado decidió interrogar al titular de Justicia después de que el pasado 24 de febrero tomara declaración, también como testigo, al entonces mano derecha de Bolaños, el exvicesecretario de Presidencia Alfredo González Gómez, que fue quien propuso el nombramiento de Álvarez en 2018 para el cargo que sigue ocupando desde entonces.
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González arguyó que él se había limitado a elevar la propuesta del nombramiento que le había llegado de su superioridad y señaló a Bolaños como su responsable por entonces, cuando era secretario general de la Presidencia. Éste afirmó que en verano de 2018, tras la moción de censura que ganó Sánchez, el nombre de Álvarez le llegó dentro de un listado de 80 nombres y que él no sabía nada de ella.
Bolaños, ante la insistencia del juez por conocer quien autorizó finalmente el fichaje de Álvarez, adujo que, según el organigrama de Presidencia del Gobierno, la responsabilidad en esa materia sería de Raúl Díaz Silva, cuyo cargo es el de responsable de la administración y coordinación del personal en el Palacio de la Moncloa. Fue precisamente Silva quien firmó el certificado que Moncloa envió a Peinado y que apuntaba que «la empleada pública de Presidencia de Gobierno, María Cristina Álvarez Rodríguez, desempeña tareas de colaboración inmediata, de carácter logístico y organizativo, en el marco de la atención a la esposa del Presidente del Gobierno, en las que predominan las notas de afinidad inherentes a la confianza».
Aunque el ministro de Justicia se desvinculó de la contratación de la asesora, en cualquier caso defendió la legalidad de este fichaje. Alegó ante el juez que el puesto de asistente del cónyuge del presidente del Gobierno ha existido desde la llegada de la democracia y que la única diferencia actual es que las mujeres de los anteriores jefes del Ejecutivo tuvieron dos o tres personas a su servicio y que Begoña Gómez solo tienen una.
El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que llegó a interrumpir el interrogatorio para que Bolaños consultara con sus colaboradores detalles de la contratación de Álvarez ante la falta de concreción del ministro, ha abierto una pieza separada para investigar la contratación de Álvarez. Algunas fuentes apuntan a que esta maniobra podría servir para, llegado el caso, remitir esta parte concreta al Supremo ante la posible implicación de aforados en un hipotético delito de malversación, como sería el propio Bolaños.
Sea como fuere Álvarez, que tiene la condición de investigada desde el 28 de enero y que luego recurrió su imputación al considerarla «caprichosa», está en los últimos meses en el foco de Peinado, quien ha reclamado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un análisis del tráfico de llamadas de la investigada desde su nombramiento en 2018 hasta la actualidad.
El juez ha pedido en particular conocer todo el intercambio de comunicaciones que tuvo con números de la Complutense, del Grupo Barrabés, del Instituto de empresa, del África Center y de varias empresas que colaboraron con la cátedra como Google, Manpower, Telefónica, Fundación Caixa o Reale.
El nombre de Álvarez saltó a los medios al conocerse el contenido de varios mails adjuntados a la causa contra Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. En esos mails se evidenciaba que Gómez usó, al menos desde noviembre de 2021, a Álvarez para ocuparse de gestiones de la cátedra. Incluso, que ésta era la encargada de gestionar los patrocinios externos de las empresas colaboradoras o de montar un gran evento relacionado con la cátedra con 500 asistentes en la Feria de Madrid por encargo de la mujer de Sánchez.
Su situación se volvió más delicada aún cuando el letrado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, aportó varios mails para intentar probar que su defendida siguió siempre las órdenes de la Complutense a la hora de registrar el polémico software (programa). Pero esos correos lo que realmente constataron fue que la empleada de Moncloa se encargó personalmente de esas gestiones técnicas de la cátedra.
En su testifical del 20 de diciembre, Álvarez sostuvo que solo ayudaba a Gómez en sus labores profesionales y académicas en su tiempo libre como «favor» por su «amistad» con ella. Y que no lo hizo como directora de Programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno, que es el puesto oficial que ocupa.
«Esta parte (la de trabajar para la cátedra) es de favor, es un segundo en comparación con las 24 horas al día y 365 días» de funciones estrictamente «oficiales» e «institucionales», afirmó la testigo, quien confirmó que fue contratada para «gestionar la agenda» de la esposa de Pedro Sánchez a pesar de que su cargo figura dentro del organigrama de Presidencia con ese título de directora de Programas.
La asesora, que confesó que tiene un nivel 26 y que cobra 49.000 euros al año, aseguró que entró en Moncloa el 16 de julio de 2018, días después de que la moción de censura de Sánchez, y que lo hizo de la mano de su mujer, que fue quien la fichó para crear un «entorno de confianza, seguridad y discreción» alrededor de su persona. Según la compareciente, entró para este puesto de «confianza y asesoramiento» en la misma posición que han ocupado otras asesoras de las mujeres de los anteriores jefes del Ejecutivo. «Begoña me comento que era un puesto de confianza de la mujer del presidente, era lo que había ocurrido siempre con otros gobiernos», insistió.
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