Juristas denuncian que la Ley de Protección de Datos permitirá a los partidos rastrear la ideología de los ciudadanos para su propaganda

El viaje que hizo Donald Trump hasta llegar a la Casa Blanca tuvo hace dos años muchas luces y sombras. Discursos bajo los focos en la campaña física y mensajes que pulularon sigilosamente por lo más oscuro de internet. Las tecnologías de la información ayudaron al equipo del actual presidente de los Estados Unidos a crear anuncios, avisos o directamente noticias falsas o manipuladas dirigidas a grupos específicos de votantes. Esto fue posible por el tratamiento de los millones de datos que los ciudadanos van dejando cada día en páginas webs, especialmente en las redes sociales.

Actuaciones similares serán posibles pronto con nuestros datos aquí también. Un grupo de abogados especializados en tecnología, entre ellos el donostiarra Jorge Campanillas, ha descubierto «una puerta abierta» a estas prácticas hasta ahora ilegales en la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías Digitales. Y lo denuncian: «es una bula para que los partidos puedan recabar nuestros datos sin nuestro consentimiento».

Este grupo de abogados trata de difundir el enunciado de la Disposición Final Tercera, que modifica la Ley Orgánica del Régimen Electoral General añadiendo un nuevo artículo referido a la utilización de medios tecnológicos y datos personales. Dicho de otra manera, durante las campañas electorales cualquier partido político podrá utilizar los datos que cualquier página web tenga de los ciudadanos, desde fechas de nacimiento hasta gustos personales y opiniones políticas, es decir, los datos más habituales que dejamos en las redes sociales. Esto les permitiría, como ocurrió también durante la campaña británica para el referendum del 'Brexit', crear perfiles y grupos a los que dirigir mensajes muy concretos para movilizarlos o tratar de cambiar el sentido de su voto. Solo durante las campañas electorales y «por el bien público, pero ¿quién garantiza que esos datos se borrarán o no se usarán de nuevo en siguientes campañas?», se preguntan.

Está disposición elimina el caracter de actividad o comunicación comercial a los mensajes, físicos o digitales, que nos lleguen en periodo electoral. Así, al navegar por Facebook o Twitter nos pueden llegar anuncios personalizados sobre los candidatos y partidos sabiendo de qué pie cojeamos. También correos electrónicos a nuestra cuenta personal o mensajería instantánea tipo Whatsapp.

Un gran agujero en nuestra intimidad que llega cuando en los últimos tiempos la legislación ha reforzado los derechos de los ciudadanos, con la aprobación el pasado 25 de mayo en todos los países de la UE el Reglamento General de Protección de Datos. «De momento los partidos no han respondido a nuestra inquietud, pero en los trámites anteriores a su aprobación final ha habido unanimidad de los grupos parlamentario, algo curioso en estos tiempos», señala Jorge Campanillas. Él y los otros dos descubridores del polémico texto (Jorge Morrel y Jorge García Herrero) lo comparan con el caso Cambridge Analytica, el escándalo que hace unos meses sacudió al mundo e hizo perder 37.000 millones de dólares a Facebook. Dicha compañía británica obtuvo datos privados de usuarios de la red social de Zuckerberg, sin consentimiento, para utilizarlos posteriormente para manipular psicológicamente a los votantes en las elecciones de EE UU de 2016. «En España esto será legal si se aprueba definitivamente la ley; cualquier partido podrá utilizar los datos y la huella que dejamos en las redes sociales para crear esloganes específicos o grupos afines que les ayuden a difundir sus mensajes, todo ello sin nuestro permiso», explica Campanillas. Un debate que ha pasado desapercibido pero que tratan de sacar a la luz: «a todos los partidos les viene bien disponer de esta información, es una puerta abierta desmedida,... no han llegado a tiempo para las elecciones andaluzas pero van rápido con los trámites».

¿Tienen esperanza de que cambie el texto de la ley antes de su aprobación? «Pocas, pero al menos que la ciudadanía sea consciente de esta vulneración de sus derechos, quizá se pueda conseguir que los partidos deban matizar para qué usarán los datos o que deban pedir permiso a la gente, en ese caso habrá quién quiera y quién no», explica Campanillas, quien alerta también del mayor riesgo que padecen «colectivos más vulnerables, como los menores o las personas mayores».

En los casos citados de Estados Unidos o Gran Bretaña, o más recientemente en las elecciones en Brasil, el acceso a los datos que los ciudadanos dejan más o menos conscientemente durante su actividad en las redes sociales ha provocado resultados sorprendentes en algunas circunscripciones. Los programas de rastreo se encargan de procesar millones de textos y fotos para crear perfiles comunes basados en gustos, opiniones políticas, origen geográfico, edad,... Todo un filón que es pasto de la propaganda pues con las técnicas aplicadas al 'big data' permite segmentar el tipo de mensaje que el candidato ofrece a cada grupo.

Los responsables de Cambridge Analytica confesaron que en sus equipos de trabajo había analistas de datos que trabajaban junto a psicólogos o estrategas, además de «un equipo entero de creativos, diseñadores, camarógrafos y fotógrafos» que creaban blogs, webs, publicidad… Cualquier cosa a la que pensaran que el perfil seleccionado sería receptivo. Después, se aseguraban de que lo encontrara en internet. El analista Christopher Wylie, que destapó el escándalo, lo resumía así: «En lugar de plantarte en medio de una plaza y decir lo que piensas y dejar que la gente venga, te escuche y tener esa experiencia compartida sobre tu narrativa, estás susurrando al oído de cada votante y quizás le estás susurrando a uno una cosa y otra distinta a otro».