«La Justicia contra la corrupción es tan tardía porque faltan jueces»

–¿Le incomoda que la Justicia monopolice el debate público?

–No lo calificaría de incómodo. Es importante que la Justicia sea visible porque responde al principio de transparencia. Pero también estar permanentemente en el candelero supone una excesiva exposición en el ámbito público. Como todo en la vida el equilibrio es posible.

–¿La crispación política está dañando a la Justicia?

–Está dañando el valor institucional de la Justicia. Hay un debate excesivamente polarizado y muy partidista lo que devalúa el sentido de lo institucional y la confianza que los ciudadanos y ciudadanas tienen en los valores de la independencia y la imparcialidad judicial.

–Se lo pregunto porque esta semana el portavoz de un partido ha señalado que existía en España «una derecha judicial atrincherada» que se dedica al acoso y derribo del Gobierno. ¿Está de acuerdo?

–Yo, por principio, no hago valoraciones de reacciones de dirigentes políticos por respeto a ese espacio. Todos los mensajes que vayan en el sentido de resaltar, incluso si hay crítica constructiva, lo institucional, fortalece. Y cuando se vacía el sentido institucional la Justicia se debilita.

–Es inevitable hablar del enconado debate sobre la ley de amnistía, a la espera de que se negocie un acuerdo entre el PSOE y Junts.

–Yo ya me he pronunciado varias veces en el sentido de que el marco constitucional permite el ejercicio legal de una ley de amnistía en abstracto. Otra cosa es el contenido exacto de la ley y hay que ver cómo se perfila definitivamente, todavía está a nivel de proyecto y aún falta un control de la constitucionalidad por parte del TC y un pronunciamiento de la Unión Europea.

–Por lo que conoce hasta ahora de la ley de amnistía, ¿es compatible con la Constitución?

–El asunto es de tal importancia y tiene tal trascendencia que apuesto para que su contenido responda a políticas de Estado y, por tanto, cuente con el mayor apoyo político posible y que resuelva bien el principio de igualdad ante la ley para que no genere fricciones o sensaciones de que hay un trato de favor no justificado hacia determinadas personas.

–¿Estamos ante un ataque al principio de separación de poderes sin precedentes en España como piensan algunos de sus colegas?

–Vuelvo a insistir en lo que dije en un voto particular en un pronunciamiento de la Sala de Gobierno del TSJPV. Creo que ni a mí como presidente ni a la Sala de Gobierno les corresponde hacer un juicio de valor de un acuerdo entre partidos.

–Insisto, ¿ve peligrar la separación de poderes?

–La separación de poderes en España se edifica en torno al respeto a la garantía de independencia jurisdiccional y al respeto desde el Poder Judicial para que los ámbitos de decisión política correspondan a los ámbitos legislativos.

–¿Ha habido casos de 'lawfare' –guerra jurídica– en España?

–Lo del ámbito de los jueces se sustenta en el plano de la responsabilidad jurídica. Estamos utilizando una terminología de responsabilidad política en un espacio que únicamente tiene que regirse por responsabilidades jurídicas. Si un juez o un magistrado en el ejercicio de su función lleva a cabo una conducta que fricciona con el ámbito de responsabilidad institucional o legal es un asunto marcado en la Ley Orgánica del Poder Judicial y que corresponde resolver a los órganos judiciales que ahí se determinan. El debate del 'lawfare' es político y no corresponde al ámbito de responsabilidad de jueces y magistrados.

–Las dos causas reabiertas por los jueces García Castellón y Joaquín Aguirre –con los casos por Tsunami Democratic y la supuesta vinculación del entorno de Carles Puigdemont con el régimen ruso– han reabierto la polémica. ¿Hay materia para ir tan lejos?

–No suelo opinar sobre procedimientos abiertos porque es una forma de respetar el ámbito de la independencia jurisdiccional. Lo que sí le puedo decir es que el derecho penal está ubicado como la última ratio del Estado, o el último recurso, frente a elementos dañinos y lesivos, con una interpretación restrictiva de los hechos penales. Habría que preguntarse si los elementos que en cierta manera definen el terrorismo, los vinculados a un movimiento totalitario y violento, que trata de doblegar al Estado o a sectores de la sociedad, están o no presentes en estos hechos que son ahora de instrucción en estos procedimientos judiciales.

–¿Pero usted ve indicios de delitos de terrorismo en torno a esas movilizaciones contra la sentencia del procés?

–Insisto que la valoración que habría que hacer, aunque no la voy a hacer, es si hay o no un sometimiento del Estado o de sectores de la comunidad a un movimiento totalitario y violento.

–Y la negativa de Suiza a cursar una comisión rogatoria de Marta Rovira por parte del magistrado García-Castellón, ¿revela prejuicios hacia la Justicia española?

–Creo que no. Puede revelar que el derecho penal, que es incuestionablemente aflictivo, tiene criterios de interpretación restrictivos y eso puede provocar elementos de fricción. No creo que haya un cuestionamiento de las garantías o de un juicio equitativo.

–¿Detecta un problema de señalamiento de ciertos jueces?

–Ha habido ejemplos en el ámbito parlamentario con una identificación de determinados jueces y magistrados y de su forma y manera de ejercer su función. Insisto en que el único ámbito en el que un juez o un magistrado responde es en el de la responsabilidad jurídica.

–¿Tiene sentido que los jueces acudan a comisiones de investigación parlamentarias?

–La comisión parlamentaria ya está regulada en la propia Constitución y en el reglamento del Parlamento para que no generen fricciones con otras personas. Otro ámbito es el de la responsabilidad jurisdiccional. Las comisiones de investigación parlamentarias son un sistema de control político del Gobierno, los jueces y magistrados no están sujetos a ningún tipo de responsabilidad política y su ubicación en un ámbito parlamentario es un desajuste constitucional.

–¿Confía en el desbloqueo de la renovación del CGPJ gracias a la mediación de la UE?

–Llevo cinco años confiando en esa renovación. Confiaba que fuera posible por cauces naturales parlamentarios y no ha sido así. Vamos a ver si a través de este recurso extraordinario, un espacio de encuentro y comunicación en la Unión Europea, que es un reconocimiento tácito del fracaso de la vía parlamentaria nacional, puede resolverse.

–Y respecto al modelo. ¿Por cuál se decanta?

–El mejor modelo es el modelo mixto con vocales de origen judicial elegidos por jueces y magistrados y por vocales no judiciales por designado por el Parlamento.

–El argumento de la dilación en el proceso judicial ha servido para rebajar la condena final del exdirector de Hacienda Foral de Gipuzkoa, Víctor Bravo. ¿Le ha sorprendido?

–Diferencio dos planos. En el caso de Bravo, el atenuante de dilaciones indebidas está previsto en el Código Penal, la propia ley entiende que en algunos casos extraordinarios, cuando la dilación es injustificada, se puede rebajar la pena entendiendo que el procedimiento es una especie como de mal que se somete a la persona acusada, con un grado de incertidumbre alto, y que cuando dura en exceso hay que compensar esa dilación reduciendo la pena. Lo que pone de manifiesto otro problema estructural. Si la dilación es indebida e injustificada, por tanto no atribuible a la persona acusada, supone que estructuralmente la Justicia ha sido muy tardía y es lo que nos tiene que hacer reflexionar. ¿Por qué se ha llegado a ese punto? Hay unas dificultades de responder a tiempo ante determinados supuestos de corrupción o de otros casos de actuación organizada en el plano socieconómico o político.

–También se mencionó la dilación en las sentencias de los casos De Miguel y Balenciaga...

–Hay un problema de déficit de planta, sigue habiendo siete u ocho jueces menos que la media de la Unión Europea. ¿Cuál es el talón de Aquiles que tenemos en la Justicia en Euskadi y en España? El número escaso de juezas y de jueces, algo que va a peor teniendo en cuenta la próxima jubilación de la generación del 'baby boom'. Y también hay dificultades de apoyo técnico y organizativo.

–Los vaivenes del caso Bidegi, después de la decisión de la Audiencia de Gipuzkoa de reabrir el caso archivado por la juez de Azpeitia, ¿revelan ese problema estructural de la Justicia?

–Esos casos tienen varios perfiles. Pero uno de ellos tiene que ver con los ámbitos periciales. En este caso se ha pedido un nuevo informe pericial independiente. Y la pregunta es: ¿por qué hay dificultades para tener un informe pericial independiente? Hay un problema de financiación aun cuando hay ya informes periciales de parte o de personas concernidas en el proceso. Ahí se pone de manifiesto el foco del déficit cuando la Administración judicial no está siendo capaz de tener esos informes técnicos. No es una cuestión que se ha planteado hoy, sino que lleva años. También se está dando una dilación que solo se verá cuando se produzca la sentencia. En el momento del juicio se pondera también su caso el tema de la dilación. Y es que uno de los puntos débiles de la Justicia es la lentitud. Más que la lentitud es que estamos funcionando a varias velocidades. En algunos ámbitos con mucha rapidez y otros, los que más llegan a la ciudadanía, aparece la lentitud. Alguna es necesaria en el tiempo para desarrollar un juicio con garantías, pero aquí estamos hablando de lentitudes que no tienen que ver con las garantías sino con excesos de dilación indebidos.

–¿Qué se puede hacer ante el incremento de los delitos sexuales?

– Creo que hay que seguir trabajando en el ámbito educativo y en los valores de respeto a la libertad y a la igualdad en la sociedad. Hay que analizar si el aumento de casos es un incremento de los hechos o de las denuncias. Eso exigiría un estudio más cualitativo que viene de la mano de las encuestas de victimización. Las agresiones en grupo, por ejemplo, y el nivel de exhibición de las mismas en las redes, exige un informe criminológico para sacar conclusiones más precisas. Lo mismo pasa con la implicación de los menores en todos estos delitos.