La Justicia rechaza los recursos de Alfredo de Miguel y decreta su ingreso en prisión

Sobre la petición de un indulto parcial por parte del condenado, que no compete a este órgano judicial, el auto no duda en considerar que «es muy dudoso que se le pueda conceder esta posibilidad». «Debe tenerse en cuenta la gran alarma social que este caso ha generado, y que es otro factor que hace concluir al Tribunal la escasa prosperabilidad», sostiene sobre quien fue diputado foral de Administración Local hasta su detención en marzo de 2009.

«El tipo de delitos cometidos y el cargo que desempeñaba el señor De Miguel, del que abusó para realizar su actuación delictiva, ha causado una gran conmoción social, y es de justicia proceder al cumplimiento de las penas de prisión impuestas, máxime cuando el solicitante era el dirigente de la trama y ya hay algún condenado por la misma que ha procedido a ingresar en prisión», ahondan los magistrados sobre el caso particular de Xabier Sánchez Robles, ex director de Juventud del Gobierno vasco, que lleva dos semanas en el centro penitenciario de Zaballa (Álava). La terna compuesta por Francisco García Romo, Elena Cabero y Ana Jesús Zulueta, además, rechaza que tener hijos menores a su cargo no es una «excepcionalidad» para evitar la entrada en prisión, como tampoco lo es para «casos similares».

El ex 'número dos' jeltzale, que encabezaba una red dedicada a cobrar 'mordidas' a cambio de contratos públicos, tendrá que cumplir a partir de ahora una pena por los delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, falsedad en documento mercantil, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Y es que los magistrados indican en su escrito que De Miguel no cumpliría al menos tres «condiciones necesarias» para dejar en suspenso la ejecución de la pena. En concreto se refieren a que «el condenado haya delinquido por primera vez», a que la «pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años sin incluir en tal cómputo la derivada del pago de multa» y a «que se hayan satisfecho la responsabilidades civiles que se hubieran originado». El tribunal argumenta que una de las penas impuestas, la referente al delito de asociación ilícita, ya supera los dos años de cárcel (se le han impuesto tres años). Otra de las penas más altas son los dos años de cárcel por un delito de cohecho pasivo.

En un segundo auto, los jueces confirman la suspensión «por cinco años» de la pena de dos años de prisión que existía sobre Iñaki San Juan, ex concejal del PNV Leioa. Esta queda condicionada a que no vuelva a delinquir durante el próximo lustro. En ese mismo escrito también se suspende la condena sobre el gestor cultural Josu Montes a 347 días de trabajos en beneficio a la comunidad o el pago de una multa de 6.940 euros.

Ante esta resolución, como sobre la de Alfredo de Miguel, se puede presentar un recurso de súplica en el plazo de tres días.