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No habrá reunión Feijóo-Urkullu. Al menos no la habrá antes del 26 de septiembre, la fecha prevista para la sesión de investidura del candidato del PP. El lehendakari ha dejado claro este martes, en su habitual comparecencia de apertura del curso político en el ... Palacio Miramar de San Sebastián, que las «negociaciones» para la conformación de mayorías de cara a la gobernabilidad de España corresponden a los grupos políticos -en este caso, al PNV- y no a los presidentes autonómicos a los que Génova pretende incluir en la ronda de contactos del líder popular.
Es mas, el jefe del Ejecutivo vasco ha dejado entrever su malestar con un globo sonda que, a su juicio, equipara a todas las comunidades autónomas sin tener en cuenta la especificidad de Euskadi y Cataluña como «nacionalidades históricas». «Me llama la atención que se intente justificar hablando de Estado descentralizado», ha deslizado Urkullu, que, en todo caso, ha dejado claro que no se niega al diálogo «ni con Feijóo ni con nadie» y que, por lo tanto, como ya le ha trasladado personalmente al presidente del PP, a cuya petición respondió este mismo lunes en conversación telefónica, está abierto a que esa reunión se produzca siempre después de la sesión de investidura.
El lehendakari ha aprovechado su esperada comparecencia de este martes, en mitad de una tormenta de especulaciones sobre su posible interés en propiciar una investidura de Feijóo, con quien mantiene una relación fluida, frente a la tajante negativa del PNV, para escenificar un contundente cierre de filas con la posición de su partido.
Sin entrar a prejuzgar cuál debe ser el voto del grupo jeltzale en la investidura de Feijóo o en la de Sánchez, si se produce, sí ha dejado clara su convicción de que Vox sí está en la ecuación. «El PP necesita de Vox porque no tiene más apoyos y es Vox quien fija las condiciones aunque no forme parte del Gobierno», ha opinado el lehendakari.
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Y con los de Santiago Abascal, ha abundado, no hay ningún camino que recorrer porque sus principios ideológicos «chocan radicalmente» con los del PNV. «Cuestionan la Ertzaintza, Osakidetza, el euskera, nuestro autogobierno», ha enumerado Urkullu, que ha apelado a la «coherencia» para argumentar esa incompatibilidad manifiesta con la formación de extrema derecha, que representaría justo las antípodas de su posición. «Yo soy abertzale, nacionalista, incluyente, conservacionista con el medio ambiente y trabajo por una sociedad cohesionada», ha recalcado. «Otras cosas, que leo con atención, poco o nada de verdad tienen, salvo el interés de parte», ha zanjado.
En todo caso, Urkullu ha abogado por la estabilidad como bien superior a proteger. Aunque tampoco ha querido pronunciarse sobre la idoneidad del 'sí' a una investidura de Sánchez sustentada también por EHBildu, ha recordado que, en esa hipótesis, el candidato socialista necesitaría el apoyo de «todos» los partidos que le den el sí «todo el tiempo». En cualquier caso, el lehendakari sí ha considerado que un posible nuevo mandato de Sánchez soportado por todas las fuerzas nacionalistas e independentistas sería «una oportunidad» para plantear una revisión del modelo de Estado, a su juicio pendiente desde la Transición.
En ese sentido, ha recordado que en el Parlamento vasco hay una «amplia» mayoría favorable a incrementar y mejorar el autogobierno y ha exigido un ajuste territorial que dé respuesta «a las aspiraciones de Euskadi». «Un modelo que dote de más entidad y capacidad a las instituciones vascas, que permita tomar las decisiones desde un ámbito más cercano, más local, desde donde se tiene mayor conocimiento de la realidad», ha remachado.
Para ello, el lehendakari ha rescatado una vieja propuesta que ya planteó en 2018, la de una «convención constitucional» que permita reinterpretar el encaje de determinadas cuestiones en la Carta Magna sin las mayorías cualificadas necesarias para su reforma y evaluar «el grado de satisfacción» con la misma. Entre ellas, ha citado la constitucionalidad de la ley de amnistía para los condenados por el procés –sobre cuya legalidad ha preferido no pronunciarse de manera tajante–, la «costumbre» del Rey de proponer para la investidura al candidato más votado y la «normativización» de la Disposición Adicional Primera de la Constitución para abrir la puerta a un nuevo estatus soportado en los derechos históricos.
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