«La dispersión» de los presos de ETA «fue realmente una política antiterrorista, y estaba dentro de los parámetros de la legalidad», cuando se sucedían los atentados, pero los partidos de la oposición parecen haber «olvidado» que la banda «ha sido derrotada por el Estado ... de Derecho». El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, respondió ayer con contundencia en el Senado a la representante de Ciudadanos Lorena Roldán, quien le cuestionó sobre los criterios que aplica su departamento para autorizar los traslados y los acercamientos de los reclusos de ETA y le acusó de promover los movimientos de los internos para satisfacer las pretensiones de EH Bildu a cambio de su apoyo a los Presupuestos.
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Roldán, «delegada de la clase de la derecha», según le definió Marlaska durante su tenso cara a cara en el pleno de control en la Cámara alta, recordó que han sido 98 los presos etarras que han sido aproximados o que cumplen ya condena en cárceles del País Vasco y de Navarra desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. Ciudadanos, grupo al que se unieron después en sus críticas el Partido Popular y Vox, interpreta que los últimos movimientos de reclusos no son fruto de la casualidad, como tampoco lo es, subrayó Roldán, que se permitiese abandonar el módulo de aislamiento a García Gaztelu, Txapote'.
«No cuela que esto salga gratis», cargó la senadora de Cs, quien llegó a vincular las resoluciones sobre los internos etarras a una «llamada directa previa» del líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, como compensación a su respaldo a las Cuentas de 2021. También responsabilizó al Ejecutivo de los más de 400 'ongi etorris' a los reclusos que salen de prisión tras cumplir condena. El último, según denunció Covite, el pasado domingo en Hernani a Asier Ormazabal Lizeaga. Según la oposición, la política penitenciaria impulsada por Marlaska está condicionada por la necesidad de «pagar la cuenta» impuesta por EH Bildu durante la negociación presupuestaria.
«Señáleme como ellos»
En su turno de réplica, el titular de Interior explicó, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, que son las juntas de tratamiento de las cárceles las que establecen qué presos cumplen los criterios fijados en la ley y fijan también su destino. Lo mismo ocurre, añadió, en las resoluciones sobre progresiones de grado u otros beneficios penitenciarios, previo análisis de los funcionarios. Los casos se examinan «de manera individualizada». «No se paga ningún peaje (a la coalición soberanista)», subrayó, por su 'sí' a las Cuentas.
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Cuando Marlaska aludió al fin de ETA, dirigió su mirada a Roldán, quien había comenzado a gesticular en su escaño. «Señáleme, señáleme como me señalaron ellos, porque yo fui un objetivo de ellos», lanzó el ministro.
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