La Fundación de Víctimas busca consensuar con las asociaciones sus derechos y obligaciones

La Fundación de Víctimas, que sitúa como destinatarios de esta iniciativa a la totalidad de las víctimas del yihadismo, Grapo, ETA, la extrema derecha, la violencia parapolicial «y un indeterminado otros, por orden decreciente de víctimas mortales causadas», busca la unidad en torno al documento y que todas las víctimas se sientan representadas en un marco común. El texto de doce puntos, al que ha tenido acceso este periódico, propone que el derecho a la justicia «no puede entenderse como una carta blanca», que «tanta verdad como sea alcanzable es una exigencia para las víctimas y una obligación y necesidad pedagógica para la sociedad» y que «la crítica estrictamente política se puede ejercer desde los partidos u otras organizaciones, sin implicar a las asociaciones de víctimas, y cuidando de evitar la identificación de las personas que practiquen esa doble militancia con el conjunto de las víctimas».

En el capítulo de la reclamación de justicia para las víctimas se refiere «a la aplicación de la legalidad y a la evitación de la impunidad», así como a la necesidad de investigar los casos sin resolver y «no establecer discriminación» a la hora de la reparación entre las víctimas con casos juzgados y las que forman parte del bloque de los pendientes de resolver. Propone que justicia es también que «el tratamiento de los perpetradores, en particular la progresión de grados, se atenga a los criterios establecidos por la legislación pertinente». «Ningún fin supuestamente deseable o superior puede ser invocado en condiciones de institucionalidad democrática para justificar la subordinación de la justicia; tal proceder, que no puede en ningún caso ser identificado con los procedimientos de reinserción, acercamiento u otras medidas penales legales, equivaldría a lo que se ha denominado un compromiso podrido», detalla el texto.