El Obispado niega que la Gazte Asanblada de Zestoa reciba una multa de 70.000 por la ocupación del gaztetxe

Así, el Obispado contradice la denuncia que durante las últimas semanas han realizado los jóvenes zestoarras. La Gazte Asanblada incluso achacó su actitud al alcalde de la localidad de Urola Kosta, Mikel Arregi (EH Bildu), porque cree que su neutralidad está en «duda» tras denunciar los actos de manifestación de la Gazte Asanblada y no pronunciarse frente a esa posible multa de 70.000 euros.

La Gazte Asanblada, como campaña de presión contra la iglesia, inicio con el respaldo del Mugimendu Sozialista una campaña de apostasía en la que recogieron 723 solicitudes para abandonar la fe. El pasado lunes los jóvenes se presentaron en las puertas del edificio del Obispado de San Sebastián para entregar los documentos, pero no pudieron acceder ya que la Ertzaintza no les permitió el paso.

El Obispado ha asegurado que «dichas solicitudes no cumplían con las condiciones necesarias para iniciar el proceso». Y han añadido que para que fuesen válidas e inicar los trámites «es necesario presentar la partida de bautismo». Y, además, como paso final, «el Tribunal Eclesiástico de la diócesis resuelve las solicitudes».

Este conflicto saltó al foco mediático tras la manifestación organizada por la Gazte Asanblada de Zestoa en la iglesia del municipio, donde una decena de jóvenes entraron cortando la misa y lanzando billetes de euros falsos. Frente al altar, con las caras enmascaradas y vestidos con buzos blancos, desplegaron una pancarta en la que se podía leer «Eliza diruzale, espekulatzaile!» (¡Iglesia avariciosa, especuladora!). Esto provocó que el gobierno local de EH Bildu pidiese llegar a un acuerdo a través del diálogo y evitar los procesos judiciales, mientras que la Diócesis donostiarra afirmó su firme intención de mantener la demanda judicial para recuperar el edificio.

El gaztetxe, que ha ocupado el inmueble Elizondo, es un edificio adosado a la iglesia de Zestoa, que pertenece a la Diócesis de Gipuzkoa. El 22 de febrero del año pasado la Ertzaintza identificó a seis personas en el gaztetxe y el Obispado presentó unos denuncia contra los miembros de la asamblea. Un joven fue juzgado el pasado 18 de abril, pero fue absuelto. No obstante, a finales de mayo la Iglesia instó a la asamblea a abandonar el gaztetxe y en julio volvió a iniciar un proceso judicial para desalojarlos.