Orden público

El orden público no se agota en la tranquilidad cívica que fue momentáneamente perturbada por las algaradas callejeras que se produjeron en Cataluña los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017 y en las que el Supremo basa su sentencia. Tiene el sentido más amplio y profundo de paz social o convivencia ciudadana. Se acerca así al orden constitucional. Su violación no atenta sólo contra un bien jurídico abstracto, sino que afecta también, y sobre todo, a la vida cotidiana del ciudadano. Y es que no otra cosa que honda perturbación de la vida social fue lo que produjo la conmoción que, originada en Cataluña el otoño de hace dos años, se extendió a todo el país y más allá de sus fronteras.

Los días 6 y 7 de septiembre de ese año se pisotearon, por ejemplo, los derechos parlamentarios de los representantes de media población catalana, que fue gravemente herida en sus sentimientos de pertenencia y degradada a ciudadanía de segunda en su propio país. Se produjo una fractura de difícil arreglo. Miles de empresarios tuvieron que expatriar las sedes de sus empresas por temor a la incertidumbre creada. En el resto de España, brotaron sentimientos de inquietud, temor y animadversión. Se trastocó incluso el orden político establecido y se incrementó la inestabilidad con el surgimiento o el fortalecimiento de populismos que, sin tal perturbación, no habrían tomado forma o adquirido la pujanza que adquirieron. El crédito de un país se puso en entredicho para escarnio ante todo el mundo. Esto es, y no una idea abstracta, el orden público que la sentencia cree violado por quienes ayer fueron condenados a penas acordes con la gravedad de sus delitos.