Otegi acusa al Estado de montar el caso Bateragune «para que ETA no desapareciera»

Este viernes se hizo público que, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), la Sala segunda del Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia Nacional por la que Miren Zabaleta, Rafa Díez Usabiaga, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez y el propio Otegi permanecieron en prisión entre seis años y seis y medio. Ante este «error judicial», los cinco dirigentes solicitarán una reparación económica por los daños «muy importantes» que han sufrido en términos económicos y familiares. «No sé si esto se paga con dinero, ni cuándo ni cuánto pediremos, pero es evidente que el Estado tiene que reparar en términos patrimoniales lo que se nos ha hecho», ha señalado el líder de la coalición.

Otegi, que cree que se trata del «único» ciudadano europeo al que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo le haya dado la razón dos veces, ve «muchas similitudes» entre su caso y lo que ocurre con los políticos catalanes que permanecen en prisión por el procés «demuestra que los tribunales españoles no son imparciales». Para el dirigente independentistas, la decisión de eliminar el tercer grado a los presos políticos catalanes «es una venganza, es política de excepción».

En una entrevista concedida a RAC-1, Otegi ha criticado al lehendakari Iñigo Urkullu porque «no representa los intereses de esta parte del país» y ha advertido de que «el PSOE le tiene tomada la medida a Urkullu y el PNV», en referencia al acuerdo que los gobiernos vascos y central alcanzaron el viernes de madrugada y por el que Euskadi podrá endeudarse 1.260 millones más contra la crisis, lo que propició que el lehendakari participara en la Conferencia de Presidentes en San Millán de La Cogolla. «Él -en referencia a Urkullu- dirá que ha conseguido un gran acuerdo, pero esto no forma parte de la manera que entendemos que hay que hacer política para solucionar los problemas de la gente», ha aseverado .

Otegi, considera que Urkullu «como mínimo» debería haber llamado a la segunda fuerza para definir conjuntamente los puntos de negociación con el Estado y ha criticado la postura del PNV porque lleva a cabo «una política de narcotización de la conciencia nacional» y de cualquier tipo de avance en términos nacionalistas.