El pacto donostiarra que alumbró la República

El año 30 había comenzado con la dimisión de Primo de Rivera y el nombramiento del general Dámaso Berenguer con el objetivo ingenuo de la Monarquía de posibilitar el regreso a la normalidad constitucional quebrada en 1923, con el respaldo de Alfonso XIII a la dictadura. El sistema estaba agotado y fue el siguiente presidente del Consejo, el almirante Juan Bautista Aznar, el que convocó unas elecciones municipales que se convirtieron en un plebiscito. La suerte estaba echada.

Pero ocho meses antes, la cita donostiarra marcaba un punto de inflexión. El anfitrión de la reunión fue Fernando Sasiain, el líder de la Unión Republicana de San Sebastián, que después de los comicios de abril sería alcalde hasta la llegada de las tropas franquistas. La cita se celebró en el Casino Republicano donostiarra, aunque inicialmente estaba prevista en el hotel de Londres, pero el sitio se cambió a última hora por una cuestión de seguridad y se trasladó a la sede de la calle Garibay, al número 4, en el primer piso. Acudieron representantes de las principales agrupaciones republicanas: Alianza Republicana, con Manuel Azaña y Alejandro Lerroux; el Partido Republicano Radical Socialista, representado por Marcelino Domingo, Ángel Galarza y Álvaro Albornoz; la Federación Republicana Gallega, de Santiago Casares Quiroga; el Estat Catalá, con Jaume Aiguader; la derecha liberal republicana, con Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura; Acción Republicana de Catalunya, representada por Manuel Carrasco; y Acció Catalana, con Matías Mallol Bosch. A título personal asistieron Fernando Sasiain, Eduardo Ortega y Gasset y el socialista Indalecio Prieto.

La reunión sirvió para establecer las bases teóricas de lo que después sería la Segunda República. No hubo como tal un acta de la cita, pero se tomaron observaciones que aparecieron al día siguiente en el diario 'El Sol' como 'nota oficiosa' acompañada de 'pormenores'. Los catalanes lograron el compromiso de la aprobación de un Estatuto.

En la cumbre no estuvo presente el PNV. El historiador donostiarra Juan Pablo Fusi explica la ausencia de los jeltzales en el contexto de su perfil conservador y católico de entonces. «Los nacionalistas vascos», sostiene, «veían entonces al movimiento republicano como una reivindicación de anticlericales, revolucionarios y masones, y solo al final se sumaron a la causa republicana frente al golpe del 18 de julio». El historiador Antonio Rivera también reflexiona sobre esta ausencia que reflejaba un desinterés de los jeltzales por el devenir de la política española, que fue muy lamentado históricamente por dirigentes como Juan Ajuriaguerra y Manuel Irujo, que lo consideraron un gran error estratégico que, además, retrasó la aprobación del Estatuto vasco hasta 1936.

El Pacto de San Sebastián certificaba el fin de la Monarquía. «Hemos dejado de estar de moda», diría de forma lacónica Alfonso XIII antes de partir con su familia al extranjero desde el puerto de Cartagena después del 14 de abril de 1931. Los proyectos más polémicos de la Segunda República no se abordaron en la capital donostiarra, porque, como reconoce Rivera, hubiera sido una fuente segura de discrepancia. En el pacto también quedaba constancia de cierta división interna en el Partido Socialista, una constante durante los años 30. Mientras, por un lado, el más izquierdista Largo Caballero llegó a defender desde la UGT cierto colaboracionismo con el sistema alfonsino, el moderado Prieto fue tajante en romper cualquier amarra con la Monarquía. «O con el Rey o contra el Rey», señaló. El papel de Prieto fue determinante en implicar definitivamente al PSOE y la UGT en el Pacto en octubre. La estrategia, no explicitada entonces, pasaba por poner en marcha un comité revolucionario que propiciase la caída de la Monarquía, con una huelga general que nunca se llegó a convocar e incluso una insurrección militar abortada por el prematuro levantamiento de Jaca, en diciembre. Otra de las propuestas del Pacto pasaba por aplicar un sistema de «responsabilidades» que consistía en una depuración interna de los gobiernos de la dictadura de Primo de Rivera. Aunque los debates sobre este asunto llegaron a las Cortes republicanas, los complejos equilibrios de fuerzas impidieron que la discusión fuera a más.