El Parlamento Vasco aprueba la primera Ley de Memoria Histórica de Euskadi

La ley prevé elaborar un informe 1936-1978 sobre vulneraciones de derechos, realizar un censo público de víctimas, localizar y exhumar personas desaparecidas, instaurar un día de homenaje a las víctimas, designar lugares e itinerarios de la memoria de Euskadi, destinar el sistema de banco de datos de ADN con exhumaciones o analizar indemnizaciones complementarias.

Los grupos que han consensuado la noma han destacado que ha sido posible, según el jeltzale Joseba Díez Antxustegi, por el «fácil» entendimiento al compartir los valores de justicia, verdad y reparación reflejados en el texto, así como la capacidad para «generar conciencia crítica sobre nuestro pasado y disipar cualquier equívoco como consecuencia de una cierta dejación», que ha destacado el socialista Eneko Andueza. El PSE ha destacado la importancia de «hacer de la memoria un instrumento clave para mantener una sociedad justa, pacífica, libre y en convivencia democrática». EH Bildu ha puesto en valor y ha agradecido «el trabajo que se hace desde el movimiento memorialista». »La Ley de Memoria Histórica y Democrática podría ser más ambiciosa pero es herramienta importante para que toda víctima del franquismo vea sus derechos reconocidos«, ha afirmado Julen Arzuaga. Elkarrekin Podemos-IU se ha congratulado de que la ley nace »claramente mejorada gracias a las aportaciones que hemos logrado«.

El texto de esta ley, que comprende el periodo que transcurre desde el 18 de julio de 1936 hasta el 29 de diciembre de 1978, amplía el volumen de actuaciones en esta materia desarrolladas hasta el momento y otorga un papel principal a Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, reforzando su trabajo de informes de vulneraciones de derechos humanos en Euskadi en los citados años, de elaboración de un censo de víctimas mortales o de localización e identificación de las personas desaparecidas en la Guerra Civil.

La ley aprobada hoy establece que las víctimas del franquismo «tienen derecho a recurrir a la Administración de Justicia para pedir responsabilidades por los delitos de lesa humanidad y para lograr la plena justicia». Se prevé que Gogora disponga de los recursos necesarios «para ofrecer de manera proactiva información y asesoría para el ejercicio de las posibles acciones previstas por el ordenamiento a los potenciales beneficiarios de esta ley».

Las administraciones públicas del Euskadi colaborarán así «de forma efectiva con todas aquellas causas judiciales en las que se investiguen crímenes cometidos por la dictadura franquista y la transición, de acuerdo con todos los tratados surgidos en el derecho internacional de derechos humanos«, recoge el texto aprobado.

La creación de un Banco de ADN que se encargará de la recepción y almacenamiento de los perfiles de víctimas de la guerra y de la dictadura y de sus familiares« con vistas a su identificación genética. Contempla también la creación de un centro documental, y la elaboración de un catálogo de lugares, itinerarios y espacios de la memoria histórica son otras de las novedades del documento.

La normativa contempla la firma de convenios con otras comunidades autónomas o el Gobierno de España «con el fin de recuperar el máximo número de personas desaparecidas». En esa línea, se iniciarán las gestiones oportunas para «recuperar los restos inhumados en el Valle de Cuelgamuros (anteriormente denominado Valle de los Caídos) que sean solicitados por sus familiares».

La nueva norma castiga con multa la destrucción de fosas de víctimas de la Guerra Civil, y la destrucción y ocultación de documentos relevantes para la investigación y conocimiento de la verdad, que describe como infracciones muy graves. Establece sanciones administrativas –que oscilarán entre los 200 y los 150.000 euros– para quienes destryan fosas comunes, oculten documentos públicos o privados relativos a los crímenes cometidos entre 1936 y 1978 o realicen actos de apología franquista, lo que incluye la «conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936».

El texto regula también el derecho de las víctimas «a un reconocimiento general a través de un documento personalizado de carácter institucional» que será emitido por el Gobierno Vasco. Además, se plantea «establecer un día de recuerdo y homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista».

En materia de reparación, se establece por escrito que Gogora tendrá la responsabilidad de «promover un estudio que ofrezca conclusiones sobre el grado de cobertura alcanzado con las medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas y sobre déficits subsanables».

La ley instará también a la reparación de quienes padecieron los efectos de las resoluciones de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que sean declarados ilegítimos por el órgano competente, sin perjuicio de que sus familiares o herederos legítimos puedan solicitar la declaración judicial que acredite su nulidad en el caso de que las personas afectadas hubieran fallecido«.

Se reconocerá también el papel ejercido por aquellas organizaciones políticas y sindicales que actuaron en defensa de los principios democráticos y las libertades oponiéndose al golpe de Estado de 1936 y contra la dictadura franquista«, de forma tal que podrán acceder a »un documento de carácter institucional emitido por el Gobierno Vasco, destinado a reconocer su labor colectiva«.

En otro apartado, la nueva ley impulsa la retirada de la simbología franquista que aún pervive en Euskadi, lo que incluye también «toda construcción, de carácter arquitectónico o escultórico, erigida para rendir honores u homenajear la sublevación militar, la victoria del llamado bando nacional, la dictadura franquista, a sus dirigentes o a sus instigadores y ejecutores».

La ley apunta particularmente hacia la represión sufrida por las mujeres a manos de los franquistas. Las administraciones públicas del País Vasco adoptarán así las medidas necesarias para reparar las formas especiales de represión o violencia de cualquier tipo sufridas por las mujeres como consecuencia de su actividad pública, política, sindical o intelectual«, así como por su »vinculación personal con otras personas represaliadas o asesinadas«.

Se llevarán a cabo «actuaciones de reconocimiento y reparación de las mujeres que, durante la guerra y la dictadura, sufrieron privación de libertad u otras penas, como consecuencia de los delitos de adulterio e interrupción voluntaria del embarazo».

El recorrido de esta ley comenzó con la aprobación por parte del Consejo de Gobierno Vasco PNV-PSE en julio de 2021. Pero no fue hasta el pasado mes de febrero cuando se pudo alcanzar el primera acuerdo con Elkarrekin Podemos-IU y meses después, en junio, con EH Bildu. El pacto con los podemitas incluyó la creación de un censo de supervivientes y la dotación de una reparación económica. En el caso de la coalición de izquierda abertzale, su apoyo propicia la puesta en marcha de un «equipo científico» para analizar vulneraciones de derechos humanos entre 1936 y 1978.