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La decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de archivar la solicitud de Pili Zabala para investigar la posible participación de Felipe González en la creación de los GAL, al considerar que se trata de hechos que «estarían prescritos», no va ... a parar a Pili Zabala. Su empeño en dignificar el nombre de su hermano, Joxi, secuestrado, torturado y asesinado por los GAL hace 38 años, sigue vivo. Mientras estudia nuevas acciones ante la justicia, Pili Zabala ha asegurado en Madrid que «la verdad jamás prescribe y que Naciones Unidas obliga a los estados a esclarecerla a fin de evitar la impunidad».
Esta situación le ha llevado a presentar un manifiesto, firmado ya por más de 120 personas de diferentes ámbitos –entre ellas víctimas de ETA–, que insta a las instituciones públicas a investigar y clarificar de «una vez por todas» la verdad con mayúscula sobre los GAL y denuncia que «bajo la Ley de Secretos Oficiales, un estado de la Unión Europea ampare crímenes contra los derechos humanos». Todo comenzó el pasado mes de febrero, cuando la Fiscalía de la Audiencia de Gipuzkoa remitió a la Audiencia Nacional las diligencias de investigación al expresidente del Gobierno Felipe González por su presunta vinculación con los GAL, tras la denuncia realizada por Zabala.
Ahora, la Fiscalía de la Audiencia Nacional le ha respondido que los posibles delitos de personas aún no juzgadas por inducir a cometer atentados o desapariciones forzadas a través de los GAL han prescrito. En su resolución, el ministerio público añade además que, pese a que no hubiese intermediado prescripción alguna, «los elementos indiciarios aportados no justificarían la apertura de una investigación respecto de cualquier presunto responsable identificado en la denuncia».
Esta decisión no ha cogido por sorpresa a Zabala, sobre todo en lo referente a los documentos desclasificados de la CIA, por lo que ha anunciado que seguirá insistiendo ante las diferentes justicias que existen hasta agotar la vía penal; «no porque quiera a ver a nadie en la cárcel, sino porque es otro recurso más en la búsqueda de esa verdad que se nos niega una y otra vez. De lo que estoy cada vez más convencida es de que, únicamente desde la defensa integral de los derechos humanos, conseguiremos derribar ese muro de impunidad que aguanta apuntalado con la ayuda de determinadas instancias oficiales».
En un acto celebrado este mediodía en el Círculo de Bellas Artes de Madrid –en el que ha presentado la nueva plataforma independiente B-Egiaz para investigar a los GAL–, Pili Zabala ha estado arropada por Maria Jauregi Lasa (hija del asesinado por ETA Juan Mari Jauregi y Maixabel Lasa); el actor y director Juan Diego Botto y la directora del Archivo Histórico Provincial de Alicante, María Del Olmo, que le han acompañado en la presentación del manifiesto #pidosaberlaverdadsobregal, documento que ya se encuentra en internet y en el que se solicita a las instituciones a que cumplan con su deber ineludible de investigar y clarificar la verdad con mayúsculas sobre estos crímenes, ya que existen «numerosas evidencias que apuntan a la implicación organizada de los aparatos del Estado en la creación, cobertura y financiación de los GAL».
En este sentido, la hermana de Joxi Zabala se ha referido a los principios de Naciones Unidas que propugnan que «las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones» y ha añadido asimismo que obstaculizar dicha verdad «constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar».
Con el apoyo de diversas asociaciones y de más de 120 rostros conocidos como punta de lanza -entre intelectuales, catedráticos, juristas, historiadores, archiveros, periodistas, escritores, actores o víctimas de ETA-, el manifiesto ha reunido a un amplio espectro de la sociedad con el fin de reivindicar al unísono que «la verdad jamás prescribe» y que «el Estado español tiene que dejar de amparar crímenes contra los derechos humanos bajo la Ley de Secretos Oficiales».
Esa impunidad es la que, bajo ningún concepto, ha señalado Zabala, toleró Juan Mari Jauregi, gobernador civil de Gipuzkoa con Felipe González entre los años 1994 y 1996. «Cuando tuvo que elegir entre su partido y los derechos humanos, no dudó ni un instante», ha afirmado. Su hija Maria, por su parte, ha recordado que «en el año 2000, en el juicio de Lasa y Zabala, mi aita testificó y declaró contra Galindo y su grupo de guardias civiles de Intxaurrondo. De hecho, su testimonio fue valiosísimo para esclarecer el caso. Aquel día volvió contento a casa, por lo que había contado, pero sobre todo porque se le acercó un familiar de Lasa y Zabala a darle las gracias. Y tampoco olvidaré nunca lo primero que soltó al llegar a casa: 'No sé quién me va a matar, o ETA o el propio Galindo'. Estoy segura de que hoy haría todo lo que estuviese en sus manos para poder aclarar todo lo relacionado con los GAL y para hacer justicia».
Y ha señalado que «cualquier víctima, para poder cerrar heridas, necesita conocer la verdad. Es por ello que estamos hoy aquí, para dar a conocer el manifiesto y solicitar al Gobierno que sea valiente, que asuma su parte de responsabilidad». Es lo que precisamente propone el documento cuando insta al Ejecutivo de Sánchez a que «reconozca su responsabilidad y el dolor ocasionado», tal y como lo han hecho estos últimos días los gobiernos francés y alemán con sus excolonias.
La presencia de Juan Diego Botto tampoco ha sido casual. Su padre fue secuestrado, torturado, asesinado y forzado a desaparecer durante la campaña de terror de la dictadura argentina de Videla. El actor ha recordado que, afortunadamente, en Argentina muchos responsables de los crímenes de Estado han sido sentenciados, lo que «demuestra que vivimos en un mundo, donde si peleas mucho, alcanzas la justicia. La justicia es algo que cura, mientras que la venganza no te lleva a ningún sitio. Pero, ¡qué terrible es cuando la injusticia está acompañada de impunidad!».
Por su parte, la historiadora y directora del Archivo Provincial de Alicante, María Del Olmo, que fue la encargada de presentar el acto, ha remarcado la importancia del libre acceso a los archivos y la de modificar la Ley de Secretos Oficiales para adecuarse a los estándares internacionales aportando luz y verdad a «determinados hechos terribles de nuestra historia reciente (y el GAL lo es especialmente), ante los que el callar y no luchar individual y colectivamente para que se haga justicia, creo que nos convierte en cómplices».
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