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La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) planteará una reforma del Estatuto de la Víctima que permita «subir el listón» legal para ... dificultar que los presos de ETA accedan a la semilibertad. Desde la asociación que preside Maite Araluce reclaman que se debe «exigir» a los reclusos la colaboración con la Justicia «antes de concederles cualquier mejora en su situación penitenciaria».
En la AVT censuran el «evidente» cambio en la política penitenciaria del Gobierno de Pedro Sánchez en la lucha contra ETA, que ha empezado a modificar la dispersión de los reclusos «sin valorar antes si existe un pronóstico favorable de reinserción del preso condenado por terrorismo, ya que no se solicita previamente su colaboración con la justicia». A este respecto, la abogada de la asociación, Carmen Ladrón de Guevara, entiende que esta exigencia es «la única manera» de valorar una evolución personal positiva de los presos para asegurarse de que «salen de la cárcel mejor de lo que entraron, que es de lo que va la reinserción de los presos y que toda pena de prisión debe buscar».
De esta manera, Ladrón de Guevara respondió ayer en su cuenta de twitter al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, que en una entrevista concedida a Europa Press había defendido la política penitenciaria y los traslados de presos de ETA, negando presiones o un plan preestablecido y recordando, además, que ante estas decisiones ni Fiscalía ni víctimas habían planteado recursos.
En su exposición, la jurista subraya que el Estatuto de la Víctima únicamente permite recurrir la concesión de la libertad condicional o la progresión del tercer grado antes de cumplir la mitad de la pena, «cosa que en los delitos de terrorismo no podría darse» ya que se exige aplicar el llamado periodo de seguridad.
Desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, 54 presos de ETA han sido trasladados a cárceles próximas al País Vasco, una circunstancia que la letrada reconoce que «es legal» –«faltaría más»– por cuanto se trata de «una decisión discrecional de la Administración Penitenciaria que en ningún caso podría ser objeto de recurso».
En la AVT sostienen que, de acuerdo a la ley, las víctimas sí han recurrido libertades condicionales, como fue el caso del etarra Kepa Pikabea. Con Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior se ha concedido la libertad condicional a tres presos de ETA, aunque ninguno tenía víctimas individuales, lo que en la actualidad impedía la posibilidad de plantear un recurso.
Para llevar adelante su propósito, la AVT ha trasladado su propuesta a diferentes grupos parlamentarios y ha concertado una serie de reuniones. En septiembre se sentará en torno a una mesa para abordar con la Fiscalía General del Estado, entre otras cuestiones, la posible reforma del Estatuto de la Víctima. Además, ha solicitado verse con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, así como mantener un encuentro con Fernando Grande-Marlaska, para mostrarle, entre otras cuestiones, su rechazo a la política penitenciaria del Ejecutivo.
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