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El portavoz del PNV, Aitor Esteban, se desmarcó ayer de la línea del PP en el caso Koldo al advertir que el informe de la UCO de la Guardia Civil «no habla de financiación ilegal del PSOE». En su opinión, a Alberto Núñez Feijóo ... le ha entrado la prisa» tras «una semana que empezó mal para el PP con la reforma sobre la conmutación de penas.
Las palabras de Esteban marcan una distancia con la estrategia del PP, que intenta replicar al Gobierno con la bandera de la corrupción, precisamente la que utilizó Pedro Sánchez en mayo de 2019 en la moción de censura contra Mariano Rajoy y que contó con la activa colaboración de los jeltzales para que fuera viable. Esteban apuntó que en este trabajo de la Guardia Civil «no aparece nada de financiación ilegal» del Partido Socialista «sino de que el dinero acaba en las manos de algunos». «O todo acaba ahí o hay financiación ilegal», precisó.
En una entrevista en Onda Vasca, Esteban apuntó que «no tiene ni idea sobre si la querella tendrá recorrido». «Cosas veredes en los juzgados; ya sabe que las cosas empiezan, nunca sabe cómo acaban», apuntó.
A juicio del PNV, «a Feijóo le entra la prisa y tiene que hacer este movimiento después de una semana que empezó bastante mal para su grupo político» debido a la polémica suscitada por la reforma legal que posibilita la conmutación de penas cumplidas en otros países a los presos de ETA.
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Miguel Ángel Alfonso
Esteban advirtió que desconoce «lo que sabían y dejaban de saber» los socialistas, aunque «sí los apartaron» y a José Luis Ábalos le «quitaron de ministro». No obstante, manifestó que lo que no «llegó a convencer fueron, por ejemplo, las explicaciones sobre el caso Delcy», en el que «sonaba todo muy estrambótico».
Por su parte, los socialistas reaccionaron con sarcasmo a la querella del PP. «¿Quién nos está pidiendo cuentas, 'Los Soprano'?» ironizó ayer la portavoz del PSOE, Esther Peña, sobre la ofensiva lanzada por el PP contra el Gobierno, después de que el jueves se conociera el contundente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha dejado al exministro José Luis Ábalos a un paso de la imputación por su supuesta pertenencia a una trama de corrupción que se investiga en la Audiencia Nacional. Los socialistas han decidido tirar, de momento, del historial de asuntos que salpican al PP aún en los tribunales y el clásico 'y tú más' para surfear las críticas de la oposición sin nuevas explicaciones. Y cuentan con la aquiesciencia de la mayoría de sus socios para hacerlo.
El único de sus apoyos de investidura que ayer puso en cuestión que, efectivamente, Pedro Sánchez pudiera haber estado años viviendo ajeno como pretende a las andanzas de quien fue secretario de Organización del PSOE y responsable de uno de los Ministerios que más presupuesto manejan durante tres años fue Podemos, aunque al mismo tiempo negara a los populares la mínima autoridad moral para exigir dimisiones o presentar querellas.
«La corrupción en el PP no era algo ajeno a M. Rajoy –remarcó el coportavoz de la formación, Pablo Fernández, en alusión al modo en el que el nombre del expresidente del Gobierno aparecía en las anotaciones del extesorero popular Luis Bárcenas, condenado por el 'caso Gürtel'– y la supuesta corrupción en este caso en el Partido Socialista es inverosímil que fuera ajena a Pedro Sánchez». Sumar, coaligado en el Gobierno, defendió, en cambio, que los socialistas ya han dado todas las explicaciones que tienen quedar.
El PP dio ayer el paso de hacer efectiva ante la Audiencia Nacional la querella anunciada el domingo contra el PSOE por delitos de financiación irregular, cohecho y tráfico de influencias. Lo que pretende es que el Juzgado Central de Instrucción número 5, que ya investiga un macrofraude con hidrocarburos que afecta al comisionista del caso Koldo, Víctor Aldama, indague si, siendo Ábalos número 3 del PSOE, se hicieron entregas de bolsas de dinero en metálico en Ferraz «a cambio de favores políticos» , como denunció un supuesto socio del empresario imputado en el digital 'The Objetive', sin aportar ni su identidad ni nada más que su testimonio.
El portavoz del primer partido de la oposición, Borja Sémper, defendió a las puertas de la Audiencia que el asunto es «de tal envergadura» que merecería que se abriera una pieza aparte. «Esto va a ir engordando y va a provocar que se vaya desangrando más el Gobierno», auguró. «Todo se va a terminar por saber y lo que hoy son sospechas se acabará convirtiendo en evidencias».
La pretensión de usar esta cuestión como el ariete definitivo para derribar a Sánchez choca, sin embargo, por ahora, con las mismas dificultades que cualquier otro de sus intentos. El PP no tiene votos para hacer prosperar una moción de censura. Vox ya volvió a advertir ayer, a través de su secretario general, Ignacio Garriga, que «no pacta con independentistas» e instó a los populares a romper cualquier acuerdo y negarse a negociar nada con los socialistas, en un momento en el que está pendiente hablar del reparto de menores inmigrantes o de la condonación de deuda a las autonomías. Tampico Junts dio ayer señales de vida en esta polémica.
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