Los populares desbloquearán una ley prioritaria para el Gobierno de Urkullu

La nueva ley tiene un peso considerable. Afecta a cerca de 60.000 personas y a unas 1.160 empresas vascas que suman una facturación cercana a los 14.500 millones anuales. Y el sector espera su llegada como agua de mayo desde hace tiempo. Tanto que los cooperativistas pidieron en junio a los partidos políticos que pisaran el acelerador y, para no perder más tiempo, negociaran en julio pese a que es un mes inhábil en el Parlamento. Finalmente la revisión del anteproyecto original y las enmiendas arrancará en septiembre. Vista la entente entre el Gobierno y la formación popular, el texto definitivo podría ver la luz antes de que acabe 2019.

La norma que regula las cooperativas no se revisa desde 2013. El Gabinete Urkullu quiso reformarla la pasada legislatura pero el adelanto electoral truncó las expectativas. El segundo intento parece que será el bueno. La actualización pretende solventar las carencias y vacíos del sector que ha dejado al descubierto la crisis económica y desplomes inimaginables antaño como el de Fagor Electrodomésticos. Entre otros asuntos, la ley simplificará los procesos de disolución y escisión de negocios rentables y limitará la responsabilidad de los socios. También podría elevar el porcentaje de empleados por cuenta ajena.

Desde el punto de vista político, el acercamiento respecto a la Ley de Cooperativas viene a confirmar que el PP está por la labor de colaborar con el Gobierno Vasco tras meses de distanciamiento. Sigue habiendo recelos y la relación con el PNV está «deteriorada» aún por el apoyo jeltzale a la moción de censura a Rajoy y por los pactos de los nacionalistas con EH Bildu que dejaron a los populares sin las alcaldías de Laguardia y Labastida después de las últimas elecciones, pero la puerta vuelve a estar abierta.

Ejemplos del deshielo empieza a haber ya unos cuantos en apenas unos meses. Solo en junio los populares permitieron al Ejecutivo vasco desbloquear la reforma de la RGI, que empezará a tramitarse en el Parlamento tras el verano después de un año paralizada, y aprobar la nueva Ley de Policía y la de Estadística. Antes de las vacaciones también se ha dejado apalabrada la nueva norma sobre profesiones del deporte y ahora la citada sobre cooperativas. No es poca cosa para un Gobierno que en tres años de legislatura apenas había conseguido sacar adelante otras siete normas y al que su baja producción legislativa le pesaba como una losa. Otro buen termómetro de que la relación se está encauzando es que el Gabinete Urkullu ha dejado de hacer declaraciones públicas contra la oposición, especialmente PP y EH Bildu, a la que ha acusado reiteradamente de unirse solo para bloquear su acción de gobierno y desgastar al lehendakari y a su equipo. La ya famosa 'pinza'.

El nuevo escenario no garantiza en todo caso que el PP vaya a facilitar los Presupuestos, la negociación que va a marcar la política vasca hasta final de año. Ni mucho menos, vienen a advertir una y otra vez fuentes populares. Lo dijo el líder de la formación conservadora en Euskadi, Alfonso Alonso, en su última rueda de prensa en julio. Abrió la puerta a acuerdos «sectoriales» y dijo que su formación no iba a instalarse en «el no por el no», pero instó al Gobierno a «mover ficha» si quiere su apoyo a las Cuentas. Y resulta que el Gabinete Urkullu lo quiere ya que considera que el pacto con el PP es más factible que con EH Bildu o Elkarrekin Podemos. En ese camino, las condiciones de los populares ya están sobre la mesa, y no gustan en Lakua: que el PNV diga públicamente que quiere apoyarse en los conservadores y no en Bildu y que se aplique una reforma fiscal del IRPF de inmediato.