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La agenda judicial que planea sobre el Gobierno cerró ayer, con la declaración del hermano de Pedro Sánchez ante la jueza de Badajoz que lo investiga por presunta corrupción, un mes en el que han desfilado también por el Supremo las tres figuras ... nucleares del 'caso Koldo' -el antiguo asesor, el exministro José Luis Ábalos y Victor de Adama- y el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, éste por la instrucción incoada al fiscal general del Estado por supuesta revelación de datos confidenciales sobre el novio de la presidenta madrileña; testificales a las que se ha sumado la de la mujer del presidente, Begoña Gómez, ante el juez Peinado. Cumplidas estas citaciones, en unas semanas complicadas para el Ejecutivo y a la espera de las nuevas actuaciones que puedan sucederse en cada uno de los frentes, quien no tiene intención de aflojar es el PP. El partido líder de la oposición ha empleado su mayoría absoluta en el Senado para habilitar este enero y seguir apretando con dos comparecencias en la comisión sobre el presunto fraude en la compraventa de mascarillas: la del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el día 21 y la de Carlos Moreno, jefe de Gabinete de la vicepresidenta Montero, al día siguiente.
«Las investigaciones judiciales que implican al Gobierno no dan un respiro y tampoco nosotros queremos parar la investigación parlamentaria», aduce Alicia García, la portavoz de los populares en la Cámara alta para justificar la habilitación de este mes, en el que sí habrá el habitual parón tras las navidades en el Congreso, aquí con mayoría en la Mesa del PSOE y Sumar. La formación de Alberto Núñez Feijóo justifica que Torres vuelva a someterse al interrogatorio de los senadores de la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' porque, acusan, «mintió» cuando fue requerido por primera vez. El titular de Política Territorial y Memoria Democrática, inmerso en un pulso con los populares por la crisis de los menores inmigrantes no acompañados hacinados en Canarias, negó haber tenido contacto alguno con la trama. Los populares consideran que las nuevas conversaciones intervenidas por la UCO de la Guardia Civil entre el ministro y Koldo García, en torno a la adquisición de material sanitario por el Gobierno canario que presidía Torres durante la pandemia, comprometen a éste por no haber dicho la verdad. Fue Aldama, conseguidor confeso de la red, quien, singularmente, situó en el disparadero al integrante del Gobierno de Sánchez, al vincularlo con una supuesta petición de una mordida de 50.000 euros en la declaración de noviembre tras la que el empresario quedó en libertad gracias al pacto con la Fiscalía Anticorrupción; y, después, lo relacionó con el uso de pisos con «señoritas» relacionados con el entramado corrupto. Imputaciones por probar que el aludido niega.
Después de que Torres sea interrogado de nuevo en la comisión, el 22 de enero los senadores harán lo propio con el asesor de María Jesús Montero, quien ha puesto expresamente «la mano en el fuego» por la honradez de su colaborador. El PP cree que también Carlos Moreno efectuó una declaración falaz al negar que conociera a De Aldama. El imputado sostuvo en la testifical que le valió la puesta en libertad que Moreno había pedido 24.000 euros, y recibido en una cita con el propio empresario y Koldo García -que ejerció de intermediario-, como contraprestación por solventarle un problema con Hacienda de una de las empresas con las que operaba. Los populares también pretenden preguntar a ambos comparecientes sobre Carmen Pano, la otra empresaria que fue arrestada en el marco de la causa por el fraude multimillonario con el IVA de los hidrocarburos por el que De Aldama fue a prisión y que asegura haber llevado 90.000 euros en bolsas de dinero negro a la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz.
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