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El lío está servido. El Gobierno Vasco reaccionó ayer con contundencia a la decisión adoptada por el Tribunal Supremo de anular el traspaso de la ... homologación de títulos extranjeros. Hace apenas 15 días que esta competencia había pasado de manos del ejecutivo central a las del vasco en el marco del acuerdo entre el PNV y Sánchez para completar el Estatuto de Gernika antes de final de año. Ante este varapalo judicial, Pradales exigió al Gobierno central «cambios jurídicos urgentes» y anunció que «estamos analizando anteponer recurso al Tribunal Constitucional». «¡Es inaceptable!», aseveraron.
El Tribunal Supremo concluye que, si para el Tribunal Constitucional, «la actividad administrativa de verificación de las condiciones de expedición de títulos profesionales asociados a enseñanzas universitarias ha de ser competencia exclusiva del Estado, por las mismas razones (…) ha de serlo la consistente en verificar la procedencia de la homologación de títulos universitarios extranjeros ya que requiere comprobar la enseñanza gracias a la cual se han obtenidos».
Unas justificaciones que no gustaron nada al Gobierno Vasco, quienes aseguraron que «esta sentencia del Tribunal Supremo pretende socavar un acuerdo político de carácter bilateral que es fundamental para el desarrollo del autogobierno vasco y para dar respuesta a las necesidades de miles de vascas y vascos». «Esta sentencia es una intromisión clara en el ámbito político», criticaron.
En esa línea, solicitaron que el Gobierno de Pedro Sánchez «realice de manera urgente todos los cambios jurídicos necesarios para revertir esta situación para que hechos como estos no puedan volver a suceder». Unas modificaciones, explicaron, «que impidan que determinados tribunales puedan juzgar ámbitos que no son de su competencia». Y recalcaron que «Euskadi tiene reconocidos sus derechos históricos en el ordenamiento jurídico vigente. El Estatuto de Gernika es nuestra norma institucional básica y debe ser respetado y garantizado en su desarrollo, también desde instancias judiciales».
Han pasado apenas 15 días desde que el Gobierno Vasco asumiera esta competencia junto a la de Meteorología, y este contratiempo se produce cuando el Ejecutivo autonómico del lehendakari Imanol Pradales trabaja a destajo para que Euskadi asuma antes de final de año las 25 competencias recogidas en el Estatuto de Gernika que están aún pendientes de transferir. Las transferencias que el Gobierno Vasco prevé más complejas son las que tiene que ver con la Seguridad Social. Son las que tiene mayor dificultad técnica y desde el ejecutivo ya han adelantado que eso alargará las negociaciones. Ambas administraciones han decidido empezar ya a trabajar sobre el terreno y a hablar sobre los términos en los que podrían recalar en Euskadi las transferencias que engloban la Seguridad Social. Ya hay intercambio de documentos.
De momento, el Gobierno Vasco ha estructurado en cuatro bloques concretos las 25 competencias pendientes. Y aunque no hay nada en firme, es probable que las próximas transferencias sean la de Salvamento Marítimo, y Seguridad y Salud en el trabajo en el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria en Barakaldo, ya que estas dos materias componen el primer paquete que el lehendakari Pradales pretendía haber cerrado a finales del año pasado.
La Sala ha dictado ocho sentencias que estiman los recursos interpuestos por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España contra el Real Decreto, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España, la Unión Profesional, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España y el Consejo General de la Abogacía Española.
La homologación es un requisito indispensable para que titulados de países no europeos puedan ejercer su profesión en España. En 2023, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades recibió 53.044 peticiones de homologación y equivalencia. Mientras se resuelven sus expedientes, los solicitantes trabajan en lo que pueden y procuran armarse de paciencia. La tramitación es exasperantemente lenta porque la Administración no da abasto.
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