El primer paso para un nuevo modelo penitenciario que afiance la reinserción

La transferencia de Prisiones supone el traspaso a Euskadi de las funciones y los servicios penitenciarios, así como la ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria. Es decir, contará con la competencia exclusiva para la organización, régimen y funcionamiento de los centros penitenciarios de Martutene (Gipuzkoa), Basauri (Bizkaia) y Zaballa (Araba). Asimismo, se hace cargo de la ejecución, coordinación y seguimiento del cumplimiento de penas a las personas penadas. A partir de octubre, las juntas de tratamiento de las cárceles dependerán orgánicamente del Gobierno Vasco, lo que abre la puerta, por ejemplo, a que se favorezcan la progresiones de grado de los reclusos. Aunque en caso de discrepancias, la última palabra seguirá siendo de los tribunales y de los jueces de vigilancia penitenciaria, tal y como recordó ayer el ministro Iceta.

Euskadi tendrá mucho margen para interpretar la Ley Penitenciaria del Estado y autonomía para elaborar informes sobre los presos, de los que dependen en gran medida las progresiones de grado y los beneficios.

La importancia de esta transferencia queda de manifiesto al comprobar las cifras económicas que la acompañan. El traspaso global se valora en 1.120 millones euros e incluye el traspaso de la titularidad de los tres centros penitenciarios. Para gestionarlos, el Gobierno Vasco descontará anualmente 70 millones euros del Cupo, que harán que se reduzca el 6,24% en el que está fijada la cifra que paga anualmente al Estado. Euskadi dejará de aportar esos 70 millones para integrarlos en sus Presupuestos.

Actualmente hay alrededor de 1.300 reclusos en las cárceles de Zaballa (Araba), Martutene (Gipuzkoa) y Basauri (Bizkaia), de los que aproximadamente un centenar son mujeres. Por otro lado, el Gobierno Vasco integrará y se hará cargo de la nómina de los cerca de 700 empleados públicos que trabajan actualmente en las tres cárceles vascas, que serán transferidos para su integración en la función pública vasca. Son alrededor de 300 en Zaballa, mientras que en Basauri y Martutene no llegan a 200. La mayoría son funcionarios, aunque también hay laborales.

Con la firma de ayer las cárceles de Martutene, Basauri y Zaballa se traspasan a Euskadi, aunque en el caso del penal guipuzcoano el acuerdo entre gobiernos contempla una salvaguarda. El Gobierno central asumirá la construcción de la nueva cárcel de Zubieta, que ya ha sido adjudicada, y cuando se complete su construcción en la primavera de 2023, el Ejecutivo vasco devolverá el edificio de Martutene al Estado y asumirá la titularidad del nuevo centro penitenciario de Zubieta. Las obras de construcción de la cárcel de Zubieta, de las que se hará cargo el Gobierno central, fueron adjudicadas hace unos meses por 39 millones.