Las prisiones vascas alojan a 142 presos de ETA, 22 de ellos en tercer grado

La gestión del Gobierno Vasco de las tres cárceles de Euskadi cumple ete domingo dos años que han transcurrido al compás del acercamiento de la totalidad de presos de ETA que estaban dispersos en penales españoles. Desde la llegada de la transferencia de Prisiones, materializada el 1 de octubre de 2021, uno de los puntos más polémicos ha sido precisamente el traslado a los centros penitenciarios de Martutene, Zaballa y Basauri de los reclusos condenados por delitos relacionados con el terrorismo de ETA que en este momento suman hasta 142, de los que 22 se encuentran en alguna de las tres modalidades legales del tercer grado. 80 de estos internos están recluidos en el centro penitenciario Araba, 39 en el de Gipuzkoa y 23 en el de Bizkaia.

No hay actualmente presos de ETA en primer grado. La mayoría, 118 internos, están en segundo grado, incluidos los 8 a los que se les ha asignado el 100.2. Dos internos más estaban sin clasificar a fecha de 11 de septiembre. En los dos años transcurridos se han producido 50 asignaciones a tercer grado, de las que una docena han sido revocadas judicialmente. Estas progresiones a personas vinculadas a ETA suponen un 5,9% del total.

En datos globales, la población reclusa en Euskadi en este momento es de 1.577 presos, de los que 869 son internos de Zaballa, 385 de Basauri y 323 de Martutene. 1.353 reclusos lo son por condena firme, mientras que 222 son preventivos y dos figuran como otros internamientos judiciales. Desde el traspaso hasta ahora se han realizado 846 clasificaciones iniciales o progresiones a tercer grado, de las que 16 han sido revocadas judicialmente. El porcentaje de personas en semilibertad sobre el total de la población penada es del 31%. Además, hay 221 personas en libertad condicional.

El objetivo del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales que dirige Nerea Melgosa es propiciar un modelo «más humano» con el que los reclusos tengan «condiciones dignas, respetando sus derechos» y recibiendo una formación y acompañamiento que les ayude a reintegrarse en la sociedad una vez hayan cumplido su pena.

La apuesta del modelo penitenciario vasco ha sido desde el primer momento, la del cumplimiento de las condenas de prisión en régimen de semilibertad ya que según indica el departamento de Melgosa, «favorece la reinserción y la no reincidencia». Ha supuesto además la consolidación de la red de pisos de acogida para internos en tercer grado o de permiso que no dispongan recursos habitacionales. Existen 80 plazas residenciales y otras 20 para permisos, gestionadas por diversas entidades colaboradoras del tercer sector. Se han creado así dos centros de día para personas en semilibertad, uno de ellos en Gipuzkoa y otro en Bizkaia. Además, en Araba, existen plazas de atención diurnas en pisos de la red de acogida.

Con el objetivo de la integración laboral de los internos una vez que recuperen la libertad, Aukerak ha creado talleres productivos y ha renovado el catálogo de acciones formativas, incluyendo formaciones que facilitan la obtención del Título de Formación Profesional. 200 personas se han sumado en el último año a estos talleres que dan empleo a aproximadamente el 47% de la población penitenciaria vasca. El reto es emplear al 50%.

Desde septiembre de 2022, la población reclusa en Euskadi ha crecido un 24%. Había entonces 1.200 internos, de los que 112 lo eran por delitos de terrorismo. El Gobierno Vasco reconoce en su balance de dos años que el grado de ocupación actual de las prisiones vascas supone «un tensionamiento» en los centros penitenciarios y ha motivado «la imposibilidad» de absorber toda la demanda de traslados voluntarios a Euskadi de personas internas en centros de otras partes del Estado. Esta decisión de no admitir todas las demandas se ha adoptado de conformidad con la Administración estatal, con quien en marzo se firmó un acuerdo de cooperación en esta materia.

En el capítulo de recursos humanos, el traspaso en 2021 conllevó la integración en la Administración General de Euskadi de 675 plazas de funcionariado y laborales. Se llegó a acuerdos con la representación sindical (Acaip-UGT, mayoritario en el ámbito penitenciario) sobre la continuidad transitoria de las condiciones laborales; la integración del personal incorporado a resultas del concurso de traslados; o la constitución de bolsas de trabajo y procedimientos de comisiones de servicios. El proceso de elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) sigue su curso. En los próximos meses se procederá a la cobertura total de plazas vacantes desocupadas. Para ello se prevé la convocatoria de comisiones de servicios. Tras la publicación de convocatoria de bolsa de trabajo para la escala de Ayudantes de Ejecución penal (C1), se han realizado ya dos ediciones de formación teórico-práctica con 114 personas aspirantes, se ha constituido una bolsa específica y se ha nombrado personal interino a 75 personas. En la cobertura temporal de puestos de personal laboral, se han realizado 15 contrataciones.

En el capítulo de infraestructuras, destaca la finalización de la construcción del nuevo centro penitenciario en Zubieta que podría ser efectiva a finales de 2023, lo que no implicará un inmediato traslado ni el cierre del actual centro, dado que habrá que acometer previamente su equipamiento. La entrada en funcionamiento del nuevo centro podría producirse en primavera de 2024, «si todo fuera en sus plazos». El acuerdo con el Ministerio del Interior estipula que el traspaso se realizará con toda la instalación concluida y lista para su funcionamiento. Mientras tanto, se planificará la propia operativa de puesta en marcha del centro y el traslado y cierre del actual.

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