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Ya de buena mañana, horas antes de que se conociera la sentencia sobre los ERE de Andalucía, varios medios, en vez de por la gravedad del asunto, comenzaban el día planteando el debate, por usar un eufemismo, en términos de comparación entre el proceso de ... los ERE y el de la Gürtel. La distinción entre ambos se ponía en que, mientras en éste el asunto iba de enriquecimiento personal y financiación de partidos, en aquél se dirimía una cuestión de orden administrativo. La discusión, así planteada, abocaba a una trifulca, esta vez sin eufemismo, entre partidarios del PSOE y afectos al PP. Y, como lucrarse personalmente está muy mal visto, los del desorden administrativo llevaban las de ganar a ojos de una opinión pública tan justiciera como la nuestra. Lo malo no estaba, sin embargo, en quién ganaba o perdía en la comparación, sino en el propio planteamiento, que abocaba inexorablemente al «pues mira que tú» con que, de niños, replicábamos a quien decía algo feo de nosotros. De hecho, los medios no hacían sino anticipar lo que, una vez conocida la sentencia, está siendo el enfrentamiento entre partidos.
Flaco favor haríamos al debate político si en esto nos quedáramos. La indecencia del lucro personal o partidista con dinero público no debe ni puede invitar a minusvalorar un desorden administrativo -«malversación y prevaricación», lo denomina el tribunal- que está lastrado con muy pesada gravedad. Sin entrar en comparaciones, lo propio habría de ser, tanto por parte de la opinión pública como de los partidos, denunciar, la primera, y reconocer, los segundos, la degradación democrática que supone un comportamiento que utiliza arbitrariamente las instituciones en beneficio de no se sabe qué personas e intereses, a los que, por cierto, las ciento cuarenta y tantas piezas del proceso que aún quedan por cerrar acabarán poniendo nombre y apellidos.
De momento, los afectados ahora, como los que lo fueron antes, han preferido no darse por aludidos. Pero, si la comparación es lo que nos gusta, más pertinente e instructiva que la establecida entre los ERE y la Gürtel, sería la que podría, y quizá debería, hacerse entre nuestra situación y la «tangentopoli» que, a través del proceso de «mani pulite», acabó en el desmantelamiento de todo el sistema italiano de partidos en la década de los 90. Quizá la diferencia esté, aparte de en nuestra celeridad en caer donde a los italianos tanto tiempo les costó, en que, a la inversa, aquí los jueces están haciendo poco a poco lo que allí llevaron a cabo de golpe. El trauma está siendo, por ello, menor, pero los efectos podrían acabar siendo los mismos, si los partidos no toman más en serio la gravedad de lo ocurrido y ponen manos a la obra de extirpar el mal cuanto antes y de raíz. No sea que acabemos donde allí han acabado.
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