Ribó: «El referéndum del 1-O está suspendido, pero no es ilegal»

Rafael Ribó, antiguo dirigente de Iniciativa per Catalunya, es hoy síndic de Greuges (defensor del Pueblo) de Cataluña, cargo al que fue elegido por unanimidad por el Parlament para defender los derechos y libertades. Sus últimos informes institucionales muestran su inquietud «por una grave erosión». La entrevista se llevó a cabo con anterioridad a la operación policial contra cargos de la Vicepresidencia del Govern catalán que se saldó con detenidos y que ha precipitado una amplia contestación social de protesta .

-¿Están en riesgo los derechos y libertades en Cataluña, como apuntan sus últimos informes institucionales?

-Por mi cargo institucional no puedo lógicamente entrar en determinadas consideraciones del debate político e ideológico. Pero en mis informes aprecio que los derechos y libertades están en riesgo en España y que hay una grave erosión. El síndic no tiene competencias sobre el conjunto de España pero sí sobre las actuaciones del Estado en materias de derechos y libertades en la medida en la que puedan afectar a Cataluña. España ha suscrito una serie de convenios y tratados que, de acuerdo con la Constitución, son de obligado cumplimiento. En España y en Cataluña.

-¿Qué piensa de las iniciativas judiciales contra los alcaldes dispuestos a colaborar con el referéndum del 1-O?

-Convocar como investigados o como imputados a casi 800 cargos locales a un proceso que podría acabar con un macrojuicio en el Palau de Sant Jordi, ¿a qué me recuerda? Sobre la base de un inexistente delito, porque la convocatoria de un referéndum en España dejó de ser un delito, después de la última reforma del Código Penal. Sobre una suspensión del referéndum, que no es ilegal, porque no ha habido sentencia del TC. Es una desproporción inmensa del llamado Estado de Derecho.

-También ha elaborado informes sobre el retroceso de la libertad de expresión...

-Siendo temas del conjunto del Estado afectan a Cataluña. Si a unos titiriteros se les encarcela por un asunto de libertad de expresión, no solo es un tema que afecta a unos titiriteros, sino a toda la interpretación sobre la libertad de expresión en el Estado. No solo afectan al barrio de Lavapiés. Lo mismo que reflexionar críticamente sobre al erosión en la separación de poderes. Como dice el informe GRECO del Consejo de Europa, España está en el vagón de cola de la independencia del Poder Judicial. Y de la mano de la Comisión de Venecia, que emite opiniones, la última reforma del TC para darle competencias para suspender a cargos públicos de forma automática erosiona del Poder Judicial.

-¿Piensa lo mismo de la persecución penal del 1-o?

-He enviado una carta al comisario europeo de Derechos Humanos, al director de la agencia de derechos fundamentales, a la Defensora del Pueblo europea, y a mis colegas de toda Europa. ¿Que digo? Que la libertad de reunión está en peligro. Cuando un juez impunemente decide que no se puede celebrar un acto en favor del derecho a decidir -esto se ha producido en Madrid, en Gijón y en Vitoria- esto me retrotrae a la dictadura; se ha producido también en Cataluña, cuando la libertad de expresión vuelve a estar bajo vigilancia judicial y fiscal más allá de los límites de los poderes europeos, estamos en una situación de regresión. Cuando se envían a policías a medios de comunicación estamos mermando una libertad fundamental. Hemos debatido lo que pasaba en Polonia o Turquía. Mi vergüenza es que se hable de España.

-Su recurso contra el acuerdo entre el Gobierno central y el PNV para rebajar la tarifa eléctrica de las industrias vascas ha generado un profundo malestar en Euskadi y ha sorprendido mucho...

-Siento muchísimo que haya producido una incomprensión, pero está clarísimo que en un mercado europeo como en el que estamos tiene que haber igualdad de condiciones. Ese acuerdo rompe estas condiciones.

-Pero usted sabe que esta reivindicación -que hubiera un a tarifa eléctrica por parte de las empresas vascas que se acercase a la del resto de España- es histórica... Y además afectaba a otras comunidades autónomas...

-Curiosamente las empresas que se quedan fuera del acuerdo están la mayoría en Cataluña y quedan perjudicadas. Hay soluciones técnicas para subsanar esta situación.

-Tampoco el recurso planteado usted ante la UE puede provocar una rebaja de la tarifa para las empresas catalanas...

-El recurso, si hay una resolución de las instituciones europeas, obligará al Gobierno español a replantearse este asunto porque hay un trato diferencial. Yo entiendo un trato diferencial cuando hay circunstancias diferenciales. Entiendo que una persona que vive en el Goierri, en zona de montaña, debe tener más ayudas para determinadas cosas que una persona que vive en un barrio de Donostia o de Bilbao. En el mercado eléctrico para competir tiene que haber un trato igualitario. Todo lo demás son subterfugios. Además, este tema nunca debía haberse planteado desde una óptica partidista. Lo mismo ocurre con la Ertzaintza. No tiene sentido que el Gobierno central, por razones partidistas, acepte que la Ertzaintza vaya a la Europol y excluya a los Mossos, cuando lo que importa es la seguridad. Este último caso está al borde de la prevaricación.