La reinserción de los presos de ETA tropieza con su resistencia a explicitar el perdón

Es en esta suerte de probeta histórica en la que el Gobierno de Pedro Sánchez está ensayando una política de reinserción que va desde el progresivo acercamiento de los reclusos a cárceles próximas a Euskadi –lo que ha puesto fin, de facto, a la dispersión– hasta la reactivación de los encuentros de justicia restaurativa entre víctimas y condenados; esto último, en el marco de una estrategia de asunción del daño causado destinada a todo el colectivo penitenciario, sean internos de ETA o sentenciados por delitos comunes. El marco legal establece unos requisitos excepcionales para el acceso a beneficios carcelarios a los presos por terrorismo, que incluyen «la petición expresa de perdón» a las víctimas.

El paradigma de ese regreso a la 'vida civil' son los antiguos disidentes de ETA que iniciaron su desmarque de la violencia hace dos décadas hasta confluir en la llamada vía Nanclares. En los últimos años, y una vez que las armas callaron, se ha acelerado el goteo de presos encuadrados en el colectivo 'oficial' que han ido progresando de grado hacia condiciones penitenciarias más benévolas, con permisos y en tránsito hacia la semilibertad. Se trata de un recorrido individualizado que avanza lento: según datos de julio, 157 presos están en segundo grado y apenas doce en el tercero. Las tres últimas solicitudes ha sido recurridas por la Fscalía, síntoma de que la reinserción está tropezando con escollos.

Fuentes judiciales de toda solvencia constatan que el proceso de rehabilitación personal de los reclusos etarras, ya trabajoso de por sí, se está encontrando con dos factores que lo traban. «El problema» fundamental radica «en la petición de perdón» a las víctimas, aseguran los medios consultados. Aunque la ley lo exige, persiste la resistencia entre los presos etarras a «explicitar» las disculpas por el daño causado y a que adquieran una dimensión «pública». Estas fuentes otorgan credibilidad a la evolución de los internos, pero constatan cómo el perdón continúa siendo un tabú.

En paralelo, el nuevo fiscal asignado a Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional se está mostrando más estricto con la concesión de beneficios. Carlos Bautista, un veterano, curtido y controvertido integrante de los juzgados centrales, encarna «el rigor personificado» a ojos de la Asociación Víctimas del Terrorismo, que atribuye a la actitud profesional del representante del ministerio público el mayor celo ante las solicitudes de los presos de ETA y en ningún caso a una eventual consigna política. Hasta ahora, y una vez recibidas las evaluaciones personalizadas de las juntas de tratamiento de las prisiones, los permisos y otras medidas de mayor laxitud carcelaria habían recibido la autorización del titular de Vigilancia, el magistrado José Luis Castro, con la anuencia de la Fiscalía. El criterio coincidente allana el camino. La discrepancia lo complica.

Así lo evidenció, en febrero, el bloqueo a la redención de pena de 45 días solicitada por Sebastián Etxaniz, un recluso de 77 años condenado por cuatro asesinatos. Con el fiscal de su lado, la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Concepción Espejel, revocó la redención de Etxaniz al dudar de la sinceridad de su arrepentimiento. La magistrada cuestionó las 'cartas tipo' extendidas entre los presos y evidenció la falla con el perdón expreso.