Sabor «agridulce» de las asociaciones de víctimas del franquismo con el proyecto de ley de Memoria Democrática

Sin embargo, para Josu Ibargutxi, de la Plataforma Vasca contra Crímenes del Franquismo, el contenido del anteproyecto «deja un sabor agridulce». Ibargutxi reconoce que el presente documento «mejora en algunos aspectos a la ley de 2007, porque el PSOE se había dado cuenta de que aquella ley había que mejorarla de manera capital», pero también apunta que «todavía tiene lagunas importantes, como la creación de la Fiscalía de Sala de memoria democrática que deja en manos de jueces y tribunales la cuestión de si estos hechos van por el lado administrativo o penal, algo peligroso teniendo en cuenta la experiencia de los últimos 15 años».

Otro de los puntos más destacados del proyecto es la capacidad que otorga para exigir la disolución de fundaciones y asociaciones que realicen «actividades contrarias al interés general», algo que en el texto se define como «realizar apología al franquismo o la incitación directa o indirecta al odio». En este sentido, Ibargutxi insiste en que «una ley de este calibre no puede dar lugar a interpretaciones, porque debe aplicar la justicia desde una óptica democrática radical para que estas organizaciones, como la fundación Francisco Franco, dejen de existir».

En estos casos siempre sale a la luz la comparativa con otros países que también sufrieron la lacra del fascismo y que hoy en día gozan de amplios consensos en contra de esos regímenes totalitarios. Según Ibargutxi, «nadie imagina en Alemania a un partido intentando proclamar el cuarto Reich. El problema en España lo tiene el PSOE que tiene una terrible servidumbre con los pactos de la Transición, con unas leyes de punto y final y del olvido que no supusieron ni la superación ni la ruptura con el franquismo».

La familia de Erkhiñe Atorrasagasti también soporta hasta hoy la falta de reconocimiento y de dignidad por lo que les sucedió a sus antepasados. «A nuestro abuelo y a su hermano los llevaron al Penal del Puerto de Santa María y también a realizar trabajos forzosos a África. Además, hace poco descubrimos que el hermano no está en el cementerio de Tolosa, sino que yace en el Valle de los Caídos».

Por estas cuestiones considera importante que «las instituciones se hagan responsables de arrojar luz sobre lo sucedido para garantizar la reparación de todo el daño que se hizo», y por ello reconoce que esta ley «es un primer paso para ello, aunque todavía lejos de lo que nos gustaría».

Por otra parte, la propuesta del Gobierno respecto a la cuestión del Valle de los Caídos gira entorno a la creación de un espacio de memoria y un cementerio civil en el que descansen los fallecidos de ambos bandos de la contienda civil. «No puede ser que un mausoleo destinado al enaltecimiento de la figura de Franco y que fue conscientemente llenado de cuerpos de víctimas siga en pie. Por eso echamos en falta que esta ley no de comienzo a la desarticulación total de este monumento y de la organización de frailes que lo gestiona», lamenta Atorrasagasti.

La ley de Memoria Democrática también incluye, entre otras, medidas como la creación de un banco de ADN para la identificación de los desaparecidos en la dictadura, un censo nacional de víctimas, el impulso al proceso de exhumaciones o retirada de simbología franquista de los espacios públicos, así como honores, medallas y distinciones otorgadas por el régimen franquista.

La oposición no ha tardado en reaccionar y la formación de extrema derecha Vox ya ha anunciado que recurrirá la ley al Tribunal Constitucional «sin mirarla». Pablo Casado, por su parte, ha avanzado que, de llegar al Gobierno, tumbará este texto para aprobar una 'ley de la concordia'.