Urkullu y Sánchez pactan dos mesas bilaterales para negociar sobre transferencias y presos

El lehendakari acudió este lunes a La Moncloa con buenas expectativas y con el espíritu de dar inicio a un nuevo tiempo de relaciones bilaterales con el Gobierno de España. Y así fue. El encuentro con el nuevo presidente del Ejecutivo del PSOE fue «cordial y positivo». Iñigo Urkullu y Pedro Sánchez abrieron una puerta al entendimiento institucional para garantizar una dinámica de trabajo «estable y constructiva». Durante casi dos horas de reunión, pudieron constatar, según explicó después ante la prensa el lehendakari, que existe disposición y condiciones para mantener una buena comunicación. Ningún portavoz del Gobierno de Sánchez compareció para dar su versión de la cita. El presidente recurrió a Twitter para subrayar su «buena sintonía» con Urkullu «durante este primer encuentro». «Y voluntad para trabajar juntos por la convivencia en nuestro país», escribió en su cuenta.

Lehendakari y presidente acordaron conformar dos mesas: una comisión bilateral y permanente para avanzar en el trabajo de los 37 traspasos pendientes y otro grupo de trabajo para abordar la política penitenciaria. Ante este asunto, Sánchez puso de manifiesto algunas cautelas que fueron reconocidas por Urkullu. «El presidente ha querido dejar claro que la política penitenciaria de acercamiento de presos tendrá siempre muy en cuenta el sentimiento y el respeto a las víctimas del terrorismo», explicó. Sin fechas determinadas para la puesta en marcha de estas dos comisiones, el deseo de ambos gobiernos es que se activen antes de irse de vacaciones en agosto y que cuenten, la primera, con la participación del portavoz y consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka. En el foro de política penitenciaria podría estar el secretario de Memoria y Convivencia, Jonan Fernández.

Se comprometieron a convocar un encuentro de trabajo con los equipos jurídicos de ambos gobiernos para encauzar los recursos pendientes ante el Tribunal Constitucional. En la medida que pueda, el Ejecutivo central puede retirar algunos de los recursos presentados por el gabinete del PP si también desde el Gobierno Vasco se matizan sus propuestas. Sánchez se mostró dispuesto a encauzar y resolver el conflicto generado por el recurso de inconstitucionalidad planteado hace un año por el Gobierno del PP contra la ley de víctimas de abusos policiales. El entendimiento en esta materia arrancaría por una comisión bilateral de cooperación para el desistimiento del recurso a la citada demanda judicial.

La hora y 47 minutos que duró el encuentro sirvió para tejer una nueva relación de «confianza y lealtad», tras el distanciamiento de los últimos dos años con el anterior presidente, Mariano Rajoy. De hecho la reunión fue algo más que protocolaria. El lehendakari compareció sonriente ante la prensa tras su primer encuentro institucional con el presidente del Gobierno tras 23 días en el cargo. Urkullu destacó la mejora sustancial de las relaciones con el Gobierno de España desde la llegada de Sánchez. «Somos la única comunidad autónoma que 39 años después de haber hecho su Estatuto no ha hecho ninguna modificación», remarcó Urkullu. A pesar de que su relación con el anterior Ejecutivo, presidido por Mariano Rajoy, no fue mala, el lehendakari dejó entrever que parece que con Sánchez pueden ir mejor las cosas. «Ya hay algunas diferencias con respecto al Gobierno anterior. En mi segundo mandato como lehendakari, nunca fui recibido en Moncloa y tampoco se creó ningún grupo de trabajo para materializar los traspasos», recordó el lehendakari.

En el capítulo del autogobierno, el lehendakari trasladó a Sánchez el contenido del acuerdo del Parlamento Vasco que reitera la necesidad de contar con un calendario de trabajo concreto en relación a esta materia. De hecho, el presidente cuenta ya con el informe de transferencias pendientes aprobado el 27 de septiembre de 2017. Dentro de las transferencias pendientes, ambos mandatarios apostaron por priorizar el estudio de tres materias que se encuentran más avanzadas como son las autopistas A-68 y parte de la A-1, el puerto de Pasaia y también las prioridades fijadas en el programa de gobierno de coalición PNV-PSE, como son los centros penitenciarios y la reflexión sobre el régimen económico de la Seguridad Social, estas a un ritmo más lento.

En el corto plazo, el lehendakari le propuso a Sánchez abordar los dos traspasos de ferrocarriles que dan cumplimiento a una sentencia firme reciente del Tribunal Constitucional. En ese sentido se marcaron como objetivo convocar la comisión mixta de transferencias en una fecha aún sin fijar del próximo mes de julio para materializar estos traspasos de las líneas Bilbao-Basauri y Alonsotegi-Barakaldo. No hubo exigencias de Urkullu para que de todas estas comisiones bilaterales salgan plazos concretos para llevar adelante las transferencias que se piden.

El mandatario vasco pudo trasladar a Sánchez todas sus prioridades, también en materia de autogobierno y de cambio del modelo de Estado para que la Constitución asuma la «plurinacionalidad» de España «sin ruptura». El lehendakari le puso al día de los trabajos que se desarrollan en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco con el objetivo de su actualización y profundización, y le transmitió la necesidad de abordar una reflexión sobre el actual modelo de Estado desde la asunción de «su propia realidad plurinacional y la existencia de hechos diferenciales que demandan un tratamiento propio y singular». «No hemos hablado de ruptura, sino de convivencia desde el respeto mutuo», citó el lehendakari.

En relación a los planteamientos de reforma, planteó la posibilidad de explorar también la vía de una convención constitucional que permita interpretar el «espíritu originario del pacto que supuso la Constitución». «Esto supone apostar por un constitucionalismo útil al servicio de resolver los problemas y no enconarlos», explicó.

En el ámbito de la convivencia y los derechos humanos, compartió con el presidente la necesidad de un nuevo enfoque para la política penitenciaria en este nuevo tiempo tras la disolución definitiva de ETA. Trasladó las propuestas del Gobierno Vasco para adoptar iniciativas en el marco de la legalidad penitenciaria y la propuesta para una reorientación legal de la política penitenciaria y el acercamiento de presos. «Se trata de abordar una nueva política que supere las medidas de excepcionalidad y, como establece la legislación penitenciaria y la propia Constitución, evite el desarraigo de las personas penadas y facilite su reinserción», explicó el lehendakari, sin entrar a concretar los plazos ni los modos en los que ambos gobiernos pretenden llevarlo a cabo.