Sindicatos y Gobierno

Pero, prescindiendo de esto, así como del atávico problema de no saber a qué recuentos atenerse, como si contar ausencias del trabajo o asistencias a las manifestaciones fuera un problema de física cuántica, ha de aceptarse que el seguimiento de la convocatoria, en su doble versión de manifestación y huelga, fue lo bastante nutrido como para reconocerlo como expresión de un extendido malestar con la situación de sus tres componentes: servicios, salarios y empleo. Fue quizá la ambición de los convocantes, al reunir en una única reivindicación esos tres elementos y mezclarlos en uno pese a la diversidad de organismos en que se integran lo que añadió efectismo a la convocatoria, pero restó crédito y contundencia a la denuncia y el descontento. Poco tiene, en efecto, en común la intensidad de esos sentimientos, cuando se expresan en la sanidad, en la enseñanza, en la ertzaintza o en los transportes públicos, por no decir en la administración general. A la mezcla de sectores obedeció la diversa afluencia de sus respectivos trabajadores. Es la confusión del recurso al «Todo a la vez en todas partes».

Yendo al fondo, no cabe negar ni que los servicios públicos llevan tiempo atravesando, cada uno en su medida, un desgaste en la calidad ni que su personal se muestra quejoso y desmotivado. Intervienen factores salariales, el progreso de cuyas cuantías se ha desfasado notablemente en los últimos años respecto de la inflación general y, sobre todo, de los precios de los bienes diarios de consumo. Pero cuentan también, y quizá con mayor peso, factores de orden organizativo. Resultan, a este respecto, incontestables las inconveniencias que para el personal y la calidad del propio servicio derivan de las intolerables tasas de precariedad e interinidad que han ido acumulándose en sectores como la sanidad, la educación y la administración general. Los efectos en la dedicación y satisfacción del personal, así como en la prestación de los servicios, son tan denunciables en sí mismos como indicativos de la desidia, la improvisación y la incompetencia de quienes han sido sus responsables a lo largo de los años. Las quejas a este respecto, como las que se expresaron el miércoles en los vacíos puestos de trabajo y las atestadas calles de nuestras tres capitales, no pueden despacharse con desairadas declaraciones de sus responsables como las que se han escuchado. Son, más bien, denuncias fundadas de un estado de cosas, a la vez que síntomas de un estado de ánimo, que, tanto en uno como en otro caso, requieren competencia y sensibilidad para atenderlos como merecen.

Por su parte, tampoco los sindicatos tienen motivo para indignarse, como si cualquier insinuación de perseguir con sus convocatorias –hay otra anunciada para el 19 de diciembre– intereses ajenos a los estrictamente laborales fuera ofensiva y extemporánea. La propensión política de algunos de ellos ha sido contrastada por los hechos y confesada por los propios interesados a lo largo de los últimos años. «Elevaremos la confrontación a estrategia política en todos los órdenes» es expresión solemne de quien fue uno de sus más preclaros directivos. No es, pues, puro fruto de la paranoia la acusación de politización que se ha oído de bocas gubernamentales. No hay visos de que la citada frase haya dejado de guiar la actuación sindical en el presente. Las críticas y las llamadas a la responsabilidad valen, por tanto, para ambos, sindicatos y Gobierno.