El soberanismo catalán juega a los equilibrios

El verdadero conflicto no es la amnistía, por mucho coste político que tenga para el PSOE y por mucho que el asunto suscite un encendido debate jurídico sobre el encaje de la norma en la Constitución. Los socialistas necesitan construir una narrativa solvente que ofrezca serios argumentos para respaldar la amnistía o un concepto alternativo similar. Que la norma se fabrique para el interés general de España, por el bien común de la convivencia como una razón política superior, y no se activa en el marco exprés de la investidura, sino como un factor de estabilización de la democracia española. Y de la legislatura, claro.

El verdadero problema no es la amnistía sino el referéndum que los secesionistas catalanes siguen planteando. Es verdad que la última declaración del Parlament condiciona el apoyo a Sánchez a hacer efectivas las condiciones de un referéndun pactado con el Estado, lo que, en principio, excluiría la vía de la unilateralidad de 2017. Pero la rivalidad entre Junts y ERC hace que ambos grupos bordeen constantemente el precipicio. En todo caso, resulta significativo que Puigdemont, en su mensaje de ayer, esquivara explicitar el referéndum como una condición para ese apoyo a la investidura. No fue un olvido involuntario. Envuelto en una retórica independentista de legitimación del 1-O, no cerró la puerta al diálogo y le permite al PSOE abordar el juego. Esa es la esencia del complejísimo camino que viene y que se resolverá en el último minuto.

Sánchez no tiene margen para adentrarse en el terreno del referéndum de autodeterminación, a no ser que esa consulta se limite a ser el visto bueno a una eventual reforma del Estatut. El PSOE y el PSC están lejos de las fórmulas de la claridad que forman parte de las hojas de ruta de sectores del secesionismo catalán, sobre todo de ERC, pero también del PNV y de EH Bildu. En su momento, el que fuera primer secretario del PSC, Miquel Iceta, teorizó sobre la fórmula de Quebec y su eventual aplicación en Cataluña si una mayoría clara seguía empeñada en proseguir el camino secesionista. Es decir, si esa mayoría persistía habría que fijar un procedimiento que excluyera el derecho de secesión, pero obligase a abrir una negociación constitucional. Para ello, pedía que una mayoría cualificada respondiera a una pregunta clara y que se fijasen una serie de requisitos para encauzar esta cuestión. Los socialistas no contemplan este escenario.

Puigdemont, que es el que tomará la última decisión, tiene que hacer frente a una presión interna del sector duro, que le pide que no entre en una vía de pactos con España que le pueden llevar a la 'traición' al pueblo de Cataluña. La ANC, que avisa con una Declaración de Independencia en cualquier momento, le amenaza con una lista cívica 'indepe' en las autonómicas. El sector más radicalizado del independentismo quiere apretar el acelerador y rumia su frustración con un gran desapego hacia la élite dirigente. Pero la cúpula de Junts confía en que Puigdemont pueda volver en algun momento sin cargos judiciales y ser elegido nuevo presidente de la Generalitat. Y pesa el temor de desaprovechar una oportunidad histórica que, previsiblemente, nunca volverá a tener. El equilibrio no es nada fácil.

Los nacionalistas vascos son públicamente respetuosos ante la dinámica catalana. Comprenden que Puigdemont tiene sus exigencias internas para no decepcionar a los suyos. Pero desde el PNV y desde EH Bildu, que tiene un entendimiento con ERC, se ha lanzado un mensaje claro al entorno del expresident. No son tiempos para hiperventilar, que lo que está en juego es serio y es que la derecha y la ultraderecha se hagan con el poder en España. Tampoco es bueno humillar al que se sienta en una negociación y retarlo. Puigdemont, con la llave de la situación, ha recibido el consejo.