El juez del Supremo ordena investigar el patrimonio y las cuentas de Ábalos y de su hijo

En concreto, el juez, en un un auto en el que retoma las diligencias una vez obtenido el suplicatorio del Congreso de los Diputados sobre José Luis Ábalos, ha pedido a los agentes de la unidad de élite del instituto armado que «a la mayor brevedad posible» elaboren un informe sobre la situación económico patrimonial del exministro y de su hijo , «conforme resulte de la consulta de fuentes abiertas, expresivo de las cuentas o depósitos bancarios de los que pudieran ser titulares, cotitulares o autorizados; de los bienes inmuebles o vehículos que se hallaren registrados a nombre de uno u otro; y de su eventual participación en entidades mercantiles como administradores, socios o partícipes».

Leopoldo Puente, que designa a la UCO como policía judicial para actuar en la causa, pretende que con este primer informe sentar las bases de una investigación que se presenta complicada, ya que el principal imputado ha tenido un año para ocultar pruebas, puesto que la 'operación Delorme', en la que fueron detenidos entre otros Koldo García y Víctor de Aldama, estalló el 21 de febrero de 2024.

El juez además cita de nuevo a Ábalos, ahora como imputado, para el 18 de febrero. El exministro ya declaró en la causa el pasado mes de diciembre de forma voluntaria para negar de manera tajante haber recibido cualquier tipo de gratificación por parte de De Aldama, al tiempo que también desmintió que la trama le hubiera pagado el alquiler de su amante o un chalet vacacional. También negó hacer aceptado que el empresario le vendiera un piso de lujo en el Paseo de la Castellana de Madrid a un precio muchísimo menor al del mercado como garantía de futuras coimas. Precisamente, el juez han encargado ahora una pericial sobre el valor real de ese inmueble para determinar si efectivamente pudo ser usado como 'regalo' a cambio de futuros favores.

Ese mismo 18 de febrero, también ha sido citado Koldo García, el exasesor del exministro, para ser sometido a una pericia caligráfica para ver si su letra es la que aparece en documentos sobre posibles amaños de obras públicas que entregó al Tribunal Supremo Víctor de Aldama como prueba de la implicación del entonces titular de Transporte y su mano derecha en la trama corrupta.

Después de Ábalos y García, el juez tiene previsto dar un importante empujón a la causa. Primero, con la citación como testigos de 17 personas entre los días 25 de febrero y 5 de marzo, entre ellos los exaltos cargos de Transportes Jesús Manuel Gómez García, Javier Herrero e Isabel Pardo de Vera; el director de Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno Medina, al que De Aldama acusa de haber cobrado mordidas; Joseba García Izaguirre; hermano de Koldo García; Víctor Ábalos, hijo del exministro; la empresaria Carmen Pano y su hija, que aseguran haber llevado dinero negro a la sede socialista de Ferraz; Jessica Rodríguez García, ex novia de Ábalos y varios empresarios.

Sobre la exnovia de Ábalos, el juez reclama además varias diligencias, entre ellas conocer quién la contrató en Ineco y Tragsatec, dos empresas dependientes de Transportes, y la relación de los viajes oficiales, «tanto dentro de España como hacia el extranjero», en los que, entre los meses de noviembre de 2018 a diciembre de 2022, Jessica Rodríguez acompañó a Ábalos, «así como la identidad de la persona o el número de cuenta desde la que se abonaron los gastos generados como consecuencia de la presencia de aquélla en el viaje». Según reveló la UCO, Jéssica viajó en comitivas oficiales en viajes a Rusia, Emiratos y Canadá. Ábalos siempre ha sostenido que él pagaba de su bolsillo los billetes de su entonces pareja y que era Koldo García el que los abonaba en su nombre.

Al margen de los interrogatorios y la exnovia del ministro, el juez Puente quiere también indagar a fondo sobre las graves acusaciones que Víctor de Aldama ha vertido contra miembros del Gobierno y dirigentes del Partido Socialista desde que el pasado 21 de noviembre quedara en libertad tras alcanzar un pacto con Anticorrupción.

Así el juez reclama a la UCO un informe en el que cruzando todas las intervenciones telefónicas y los datos que ya obran en la causa sobre los tres investigados (Ábalos, Koldo García y De Aldama) se arroje luz sobre algunas de las personas nombradas por el conseguidor y supuesto arrepentido, en particular –cita el instructor- José Luis Ábalos; Víctor Ábalos; el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres (al que De Aldama acusa haber pedido una mordida de 50.000 euros) o «subordinados de éste»; el secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán al que De Aldama vincula con la financiación irregular del partido; «o con cualquier otra persona aforada ante el Tribunal Supremo».

Del mismo modo, el instructor da un plazo de diez al empresario para que entregue la relación de los pisos que asegura haber facilitado para encuentros en los que participaban Ángel Víctor Torres, Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos en Madrid, «fechas de los contratos y estancias y pago de los mismos». «Y para que indique también si hubo algún pago a las 'señoritas a las que se refirió en su declaración y, en su caso, quién lo abonó», precisa el togado del Supremo.