Transparencia exige a Marlaska datos sobre los contactos con familiares de ETA

Aquel encuentro –en plena pandemia y en plena negociación de los Presupuestos Generales– tuvo lugar cuando ya se estaban produciendo los primeros traslados colectivos de internos de la banda terrorista a cárceles del País Vasco y Navarra, pero justo antes de que estos acercamientos comenzaran a hacerse de manera masiva, tal y como atestiguan los propios datos de Etxerat. Unas estadísticas que desvelan que en diciembre 2020 solo 25 de los 218 reclusos estaban en centros de Euskadi y la comunidad foral, pasando a 92 internos sobre una población reclusa de 194 a finales de 2021 y a 148 sobre un colectivo de 174 en diciembre de 2022. El 1 de octubre de 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez transfirió al Ejecutivo vasco la competencia de prisiones.

La reconvención al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska por parte de la institución pública tiene su origen en la petición que un ciudadano hizo a Interior en noviembre del pasado año en la que, a través del portal de Transparencia, reclamó «conocer qué asuntos se abordaron» en el encuentro de octubre de 2020.

Solo días después Interior contestó con la primera evasiva, asegurando que «en todas las reuniones que se mantienen se tratan asuntos relacionados con las funciones y competencias que el marco normativo atribuye a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias», al tiempo que recordaba buena parte de la legislación por la que se rigen las prisiones en España.

En noviembre del año pasado ya el propio Consejo de Transparencia se dirigió a Interior después de que el solicitante se quejara de que la respuesta de Interior obviamente no le había satisfecho. Pero el departamento que dirige Marlaska también siguió dándole largas al CTBG, al afirmar que «no existe otra información diferente a la dada» y reiterando la coletilla de que «todas las reuniones mantenidas en la Secretaría General (de Instituciones Penitenciarias), sin excepción, se enmarcan exclusivamente en el ámbito de las competencias institucionales que se ostentan».

Esta segunda respuesta es la que ha terminado con la paciencia de Transparencia, que acusa a Interior de usar una «respuesta formal o aparente» para que no se le reproche por su silencio, pero que esta argucia «no da contestación a la concreta cuestión planteada por el solicitante, ni aborda las razones que, en su caso, justificarían la denegación del acceso a la información solicitada».

«Ante esta falta de respuesta material por parte del ministerio requerido, es necesario recordar, un vez más, que la Administración no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública», resalta la resolución de Transparencia del pasado junio.

La institución recuerda a Marlaska que el acceso a esa información es de interés público y que, por tanto, se trata de «un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia debe partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación», tal y como ha declarado en multitud de ocasiones el Tribunal Supremo.

Ésta no es la primera ocasión en la que CTBG abronca a Interior por la opacidad en los contactos con el entorno de los presos de ETA. El pasado verano el órgano de control, ante las evasivas a las demandas de información a través del Portal de Transparencia, reclamó al departamento de Grande-Marlaska todos los «los informes, comunicaciones o cualquier otra documentación remitida al Gobierno vasco» sobre los traslados y las agendas de reuniones de Ortiz desde junio de 2018, cuando tomó posesión del cargo.

Aquellas demandas ciudadanas de información tuvieron lugar días después de la publicación de un informe de la Guardia Civil que revelaba que Ortiz mantuvo contactos entre 2018 y 2019 con la izquierda abertzale y los colectivos de presos de ETA para tratar el futuro penitenciario de los reclusos terroristas.